La Unidad Nacional de Protección (UNP) confirmó que adelanta una revisión de los esquemas de seguridad asignados a exministros del gobierno anterior, según reportó Pulzo. El proceso busca determinar si los niveles de protección actuales corresponden a los riesgos vigentes de cada exfuncionario.
Dentro de ese ejercicio, el nombre de Antonio Sanguino, exministro del Interior, aparece entre los casos analizados. De acuerdo con la información publicada, Sanguino no ha perdido totalmente su esquema de protección, pues la UNP todavía no emite una decisión final sobre su situación particular.
La revisión hace parte del procedimiento habitual que realiza la UNP cada vez que hay un cambio de gobierno. La entidad tiene la tarea de reevaluar las medidas de protección de quienes dejaron cargos oficiales, con el fin de ajustarlas al nivel de riesgo real y a la disponibilidad de recursos del Estado.
La Unidad Nacional de Protección es la entidad encargada de coordinar los esquemas de seguridad para personas que, por su condición o función, enfrentan riesgos extraordinarios. Entre sus protegidos figuran exfuncionarios, líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros.
El esquema de protección de un exministro suele incluir hombres de protección, vehículos blindados, chalecos antibalas y apoyos logísticos. El costo mensual por beneficiario puede variar ampliamente según el nivel de amenaza identificado y las medidas asignadas por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM).
Para los exministros, la protección no se pierde de manera automática al dejar el cargo. La continuidad depende del análisis de riesgo que haga la UNP y del concepto del CERREM, que evalúa factores como amenazas vigentes, perfil público y antecedentes de hechos violentos.
La decisión sobre el caso de Sanguino se conocerá una vez la UNP concluya la revisión. Mientras tanto, el exministro mantiene las medidas que tenía hasta ahora, sin que se haya reportado un retiro total de su esquema.
El proceso es relevante porque ocurre en un contexto de transición administrativa y de ajustes en las prioridades de protección del Estado. Sectores políticos han solicitado transparencia en los criterios usados para mantener, reducir o retirar esquemas a exfuncionarios.