El Gobierno de Abelardo de la Espriella reveló los primeros hallazgos de la revisión al sistema de fotomultas en Colombia. Según informó El Colombiano, cerca de 40.000 comparendos electrónicos presentarían irregularidades y serán sometidos a un nuevo estudio. La advertencia oficial fue directa: estas sanciones no pueden operar como un negocio.
Las fotomultas son comparendos impuestos a partir de cámaras y sensores que detectan infracciones de tránsito, como excesos de velocidad o cruces en semáforo en rojo. En los últimos años, su uso se expandió en ciudades y corredores viales del país, con el argumento de reducir la accidentalidad. La cifra de 40.000 comparendos bajo sospecha, según la fuente, representa un volumen significativo dentro del total de sanciones que ese sistema tramita.
La revisión ordenada por el Gobierno se enmarca en un debate que lleva años en Colombia: la relación entre los operadores tecnológicos, los municipios y los ciudadanos. Diversos sectores han cuestionado la calibración de los equipos, los criterios para tipificar las infracciones y el destino de los recursos recaudados. El anuncio llega en un momento en el que la opinión pública exige mayor transparencia en los sistemas automatizados de control.
Para los conductores, la medida tiene efectos prácticos inmediatos. Quienes tengan fotomultas dentro del rango revisado podrían ver cambios en el estado de sus comparendos, incluyendo posibles anulaciones si se confirman las fallas. En términos económicos, una sanción anulada representa el reintegro de recursos ya pagados o el archivo del proceso, dependiendo del estado en que se encuentre cada caso.
El pronunciamiento del Gobierno también pone la mira sobre el modelo de concesión y operación de estos sistemas. En varias ciudades, los equipos son operados por privados que reciben una parte del recaudo, lo que ha generado críticas sobre posibles incentivos perversos: a mayor número de comparendos, mayores ingresos. La frase oficial “no son para hacer negocios”, recogida por El Colombiano, apunta directamente a esa discusión estructural.
Más allá de los 40.000 comparendos señalados, la revisión podría extenderse a otros lotes y periodos. Las autoridades deberán definir criterios técnicos para distinguir entre sanciones válidas y aquellas afectadas por errores de calibración, fallas de señalización o procedimientos indebidos. Ese proceso será clave para determinar si las anomalías son aisladas o sistémicas.
Desde el punto de vista institucional, el sistema de fotomultas involucra a alcaldías, secretarías de Movilidad, operadores privados y, en algunos casos, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Cualquier decisión de fondo sobre la suspensión, modificación o continuidad del modelo requerirá coordinación entre estas entidades y, posiblemente, ajustes normativos.
Para los ciudadanos, el mensaje central es que habrá un nuevo examen sobre sanciones ya impuestas. Quienes consideren que una fotomulta fue impuesta de manera irregular pueden aguardar los resultados de la revisión o consultar los canales oficiales habilitados por las autoridades. El Gobierno no entregó en este primer anuncio un calendario detallado ni un listado público de los comparendos cuestionados.
Lo que sigue ahora es el resultado de la auditoría en curso y la decisión sobre qué hacer con los comparendos irregulares. Si se confirman las fallas, el país asistirá a una depuración sin precedentes recientes del sistema de fotomultas, con consecuencias para los operadores, para las finanzas municipales y para la manera como se controla el tránsito en las vías colombianas.