El gobierno nacional informó que adelantará una revisión de los sistemas de fotodetección instalados en distintas ciudades del país. El anuncio llega después de que se conocieran posibles irregularidades en el funcionamiento de estos dispositivos en el municipio de Cartago, según reportó Caracol Radio.
La revisión nacional tiene como objetivo verificar que cada sistema de fotomultas cumpla con los requisitos técnicos y legales establecidos. Aunque la fuente no detalla cuáles fueron las anomalías específicas encontradas en Cartago, la decisión abre un frente de fiscalización sobre una herramienta de control vial ampliamente usada por los municipios.
Las fotomultas operan en Colombia desde hace más de una década y se convirtieron en una fuente importante de ingresos para varias alcaldías. Estos sistemas utilizan cámaras y sensores para registrar infracciones de tránsito, especialmente excesos de velocidad y cruces en semáforo en rojo. Con el tiempo, distintos municipios han modernizado sus equipos o han firmado contratos con operadores privados para su administración.
El debate sobre la legalidad y la calibración de estos dispositivos ha sido recurrente. Ciudadanos y organizaciones han cuestionado la transparencia de los procesos, la señalización previa y la precisión de los equipos. También se han presentado demandas y tutelas que han llegado a la Corte Constitucional, lo que ha obligado a precisar las condiciones bajo las cuales una fotomulta puede considerarse válida.
Para los conductores, una eventual sanción económica derivada de una fotomulta representa un costo directo y, en muchos casos, la imposibilidad de transferir el vehículo sin antes cancelar la multa. Si la revisión nacional encuentra fallas sistemáticas, podrían verse afectadas miles de comparendos ya impuestos, lo que tendría impacto en las finanzas territoriales y en los procesos de cobro coactivo en curso.
La medida también toca a los municipios, que son los responsables de operar y contratar estos sistemas. Una revisión del orden nacional puede derivar en la suspensión temporal de equipos, en ajustes contractuales con los operadores o en la exigencia de nuevas certificaciones de calibración. Todo esto podría modificar los flujos de recursos que varias ciudades presupuestan cada año.
Desde el gobierno no se precisaron los plazos ni el alcance exacto de la revisión. Tampoco se anunció si el proceso incluirá auditorías técnicas a los equipos o una inspección documental de los contratos vigentes. La fuente consultada se limita a confirmar el inicio de la verificación y el llamado a que los sistemas se ajusten a la normatividad.
En el corto plazo, los ciudadanos podrían experimentar demoras en la notificación de nuevas fotomultas o cambios en los procedimientos de impugnación. Las autoridades locales, por su parte, deberán estar atentas a los resultados de la revisión para evitar sanciones disciplinarias o fiscales derivadas del uso de equipos que no cumplan los estándares exigidos.
Queda pendiente conocer el detalle de las irregularidades detectadas en Cartago y si el expediente se extenderá a otras ciudades. El seguimiento a esta revisión será clave para determinar si se trata de un caso aislado o de un problema estructural en la forma como se imponen las fotomultas en Colombia.
Según Caracol Radio, el gobierno confirmó que la verificación buscará garantizar que los dispositivos de fotodetección operen dentro del marco legal. El resultado de este ejercicio podría redefinir la relación entre los sistemas automatizados de control vial y los conductores en todo el país.