El Gobierno Nacional anunció una revisión de las fotomultas y cámaras de tránsito que operan en las vías del país, según reportó el diario El Nuevo Día. El propósito es verificar la legalidad, la autorización y el sustento técnico de estos dispositivos de control vehicular.
Las fotomultas son comparendos impuestos con base en registros captados por cámaras o sensores instalados en la vía pública. En Colombia, su funcionamiento se rige por el Código Nacional de Tránsito y por las competencias que la ley asigna a los municipios y departamentos para vigilar el comportamiento en las carreteras.
La revisión anunciada por el Gobierno busca establecer si cada cámara cuenta con los permisos exigidos por las autoridades de tránsito competentes. También pretende confirmar que los equipos utilizados cumplen con los requisitos de calibración y precisión necesarios para soportar una sanción.
El sistema de fotomultas en Colombia ha estado bajo observación ciudadana durante los últimos años por dudas sobre la transparencia en su contratación y operación. Distintos sectores han cuestionado si los municipios cumplen los protocolos de señalización y autorización previa a la instalación de los equipos.
La decisión del Gobierno implica que distintas entidades deberán entregar información sobre la ubicación de las cámaras, los contratos vigentes y los estudios técnicos que respaldan su funcionamiento. Con esos insumos se evaluará si los dispositivos están operando dentro del marco legal.
Para los conductores, el anuncio abre la posibilidad de que se revisen procesos sancionatorios en curso. Si la auditoría detecta irregularidades, las autoridades competentes podrían determinar la nulidad de comparendos ya impuestos o la suspensión temporal de equipos que no cumplan los requisitos.
Para los municipios, la revisión representa un llamado a ordenar la documentación que respalda cada cámara instalada. Los concejos y las secretarías de tránsito locales suelen ser los responsables de autorizar la ubicación y el funcionamiento de estos dispositivos en sus jurisdicciones.
El Gobierno no entregó en el anuncio un plazo definido para concluir la auditoría ni el listado de entidades que participarán en el proceso. Queda pendiente conocer el cronograma oficial y los criterios técnicos que se aplicarán para determinar la legalidad de cada sistema de fotomultas en el país.