El Ministerio de la Igualdad revocó 60 contratos y radicó 13 denuncias por presuntas irregularidades, según informó el jefe de la cartera, Miller Soto. El anuncio fue recogido por el medio Infobae, que publicó los principales indicadores del proceso de revisión interna adelantado por la entidad.
De acuerdo con la información divulgada, en apenas 10 días de trabajo de liquidación el equipo del Ministerio habría recuperado más de $20.000 millones anualizados. Soto presentó el balance como un primer resultado de la auditoría que la cartera viene realizando sobre la contratación heredada de administraciones anteriores.
El Ministerio de la Igualdad fue constituido como entidad del orden nacional para diseñar e implementar políticas públicas enfocadas en la equidad de género, los derechos de las mujeres y la inclusión social. Su estructura administrativa depende de contratos de prestación de servicios y de convenios con entidades públicas y privadas, lo que hace sensible cualquier movimiento en su contratación.
La revocatoria de 60 contratos implica la terminación unilateral de esos vínculos antes del plazo previsto. En la práctica, esto significa que los contratistas no podrán continuar ejecutando los objetos contractuales y que el Ministerio deberá asumir la liquidación de cada convenio, un trámite que permite identificar saldos, pagos pendientes y posibles sobrecostos.
La apertura de 13 denuncias sugiere que la cartera encontró hechos con apariencia de irregularidad que van más allá de una simple decisión administrativa. Las denuncias, según el reporte, fueron radicadas ante las autoridades competentes y quedarían en manos de los organismos de investigación para determinar responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales.
Para los ciudadanos, el impacto inmediato se mide en dos frentes. Por un lado, la continuidad de los programas sociales que dependen de esos contratistas podría verse afectada mientras se adelantan nuevas contrataciones. Por otro, la recuperación de recursos públicos, si se confirma, representaría un ahorro que podría reorientarse a la misión institucional del Ministerio.
La revisión interna en el Ministerio de la Igualdad se suma a una serie de anuncios similares que distintas dependencias del Gobierno nacional han hecho sobre auditorías a la contratación. El Ministerio Público y los organismos de control han sido reiterativos en pedir transparencia sobre el uso de los recursos públicos asignados a entidades creadas en los últimos años.
Quedan pendientes varios frentes. Primero, la ciudadanía y los organismos de control esperan conocer el detalle de los contratos revocados y de las denuncias radicadas. Segundo, la cartera deberá garantizar que los programas en marcha no se interrumpan durante el proceso de liquidación. Tercero, las autoridades competentes deberán evaluar si los hechos denunciados configuran responsabilidades individuales.
El Ministerio de la Igualdad no entregó de inmediato un listado público de los contratistas afectados ni de los procesos administrativos en marcha. La fuente Infobae tampoco publicó, hasta el momento, los nombres de los denunciados ni los tipos de irregularidad atribuidos. Esa información será clave para medir el alcance real de la decisión.