El Ministerio de Ambiente de Colombia informó que el Decreto 973 de 2026, pieza central de la regulación de los mercados de carbono en el país, será retirado. Según la fuente, la decisión responde a razones jurídicas y abre paso a una nueva propuesta normativa con énfasis en seguridad jurídica y conservación, de acuerdo con lo reportado por Infobae.
El decreto retirado había sido expedido en 2026 como el marco regulatorio para el funcionamiento de los mercados de carbono en Colombia. Su objetivo era ordenar la participación de empresas y otros actores en esquemas de compensación y comercialización de créditos de carbono, una pieza clave dentro de la estrategia climática nacional. Con su salida, queda sin efecto la norma que regulaba esa actividad en el país.
Desde el Ministerio de Ambiente se planteó que la nueva propuesta buscará dar mayor certeza a los inversionistas y operadores del mercado. La seguridad jurídica es uno de los factores que, según distintos análisis del sector, pesa al momento de decidir si un capital se destina a proyectos ambientales en Colombia. Una regulación clara puede facilitar la llegada de recursos a proyectos de conservación y reducción de huella de carbono.
La regulación de los mercados de carbono toca a varios sectores de la economía. Empresas obligadas a compensar emisiones, desarrolladores de proyectos forestales, comunidades étnicas y organizaciones ambientales han seguido de cerca la evolución de esta norma. Su diseño incide en el precio del carbono, en la oferta de créditos y en la forma como se certifican las reducciones de emisiones en el territorio nacional.
El anuncio también se da en un contexto internacional de endurecimiento de estándares ambientales. Los mercados globales de carbono exigen cada vez más trazabilidad y rigor técnico en los créditos que se comercializan. Una regulación colombiana alineada con esos estándares puede abrir puertas a la cooperación internacional y al acceso a financiamiento climático, temas sensibles para un país megadiverso como Colombia.
Por ahora, el Ministerio de Ambiente no ha precisado la fecha en la que presentará el texto de la nueva propuesta. Tampoco se ha detallado si la transición incluirá un régimen de transición para los proyectos y los créditos ya emitidos bajo la norma anterior. Estos dos puntos son seguidos de cerca por los actores del mercado, que necesitan reglas claras para planificar sus inversiones.
La decisión ocurre en un momento en el que el país busca consolidar su marco de política climática. La Ley de Acción Climática y la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional son procesos que se cruzan con la regulación de los mercados de carbono. La nueva norma que prepare el Ministerio de Ambiente deberá articularse con esos instrumentos para evitar vacíos o duplicidades.
En el plano ciudadano, el cambio normativo puede tener efectos sobre las regiones donde se concentran los proyectos de reducción de emisiones, como zonas de bosque húmedo tropical y áreas de manglar. Comunidades locales, gestores ambientales y autoridades territoriales suelen participar en la ejecución y el seguimiento de estos proyectos, por lo que la transición regulatoria también los involucra directamente.
Según Infobae, el mensaje del Ministerio de Ambiente apunta a atraer inversión con una regulación que brinde confianza. El reto será traducir ese propósito en un texto que despeje las dudas jurídicas señaladas como causa del retiro y que, al mismo tiempo, mantenga la integridad ambiental del mercado de carbono colombiano.