El Gobierno nacional revocó el Decreto 973 de 2026, la norma que fijaba las reglas de funcionamiento de los mercados de carbono en Colombia. La decisión se oficializó luego de una revisión interna que, según el Ejecutivo, identificó razones jurídicas para retirarlo del ordenamiento, según informó Blu Radio.
El decreto derogado establecía los controles, los mecanismos de verificación y los criterios de participación de entidades públicas y privadas en los mercados de carbono. Esos mercados permiten a empresas y organizaciones compensar emisiones mediante la compra de bonos o créditos asociados a proyectos ambientales, principalmente de reducción de gases de efecto invernadero.
Colombia ha venido desarrollando instrumentos económicos y regulatorios para atender sus compromisos climáticos, en línea con los acuerdos internacionales sobre cambio climático. Los mercados de carbono hacen parte de ese menú de herramientas y suelen ser utilizados por empresas que buscan cumplir metas de reducción de emisiones o acceder a financiamiento climático.
La revocatoria implica que, mientras se expide una nueva norma, el sector queda sin un marco regulatorio específico definido por el decreto derogado. Esto genera incertidumbre sobre la operación de proyectos en curso, la verificación de créditos y la entrada de nuevos participantes al mercado.
El Gobierno anunció que trabaja en una nueva propuesta regulatoria. Aún no se conocen detalles sobre su contenido ni sobre los plazos previstos para su expedición. La nueva norma deberá resolver los vacíos que dejó la revocatoria y, según el Ejecutivo, responder a las objeciones jurídicas que motivaron la salida del Decreto 973.
Para las empresas que participan o planeaban participar en estos mercados, la decisión obliga a revisar contratos, cronogramas y proyecciones. Los compradores de créditos de carbono, tanto nacionales como internacionales, suelen exigir marcos regulatorios estables para respaldar sus inversiones.
Organizaciones ambientales y gremios del sector han seguido de cerca la evolución de esta regulación. La expectativa general es que la nueva propuesta sea sometida a consulta pública antes de su expedición, como ocurre con normas de este tipo, para recoger observaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado.
Mientras se conoce el nuevo texto, la gestión ambiental del país sigue apoyada en otras normas vigentes, como la política nacional de cambio climático y los compromisos internacionales asumidos por Colombia. El Gobierno no ha señalado que la revocatoria modifique esos compromisos, aunque sí altera el instrumento específico de mercado.
Queda pendiente conocer el cronograma oficial de la nueva regulación, los puntos que se ajustarán y el mecanismo de transición que se definirá para los actores del mercado. Blu Radio informó sobre la decisión y sobre el anuncio del nuevo texto, pero todavía no hay detalles sobre su articulado.