El gobierno colombiano revocó un decreto reciente relacionado con los mercados de carbono y anunció que trabaja en una nueva regulación para fortalecer ese instrumento, según reportó BusinessCol.com. La decisión implica que la norma anterior deja de producir efectos jurídicos mientras se redacta el texto sustituto.
Los mercados de carbono son esquemas en los que empresas, organizaciones e incluso países pueden comprar y vender derechos de emisión de gases de efecto invernadero. En el caso colombiano, estas plataformas se utilizan como herramienta de política climática y como mecanismo complementario a los compromisos asumidos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
La revocatoria se produce en medio de un debate creciente sobre la transparencia, la trazabilidad y la calidad de los créditos que se transan en estos mercados. Diversos actores han señalado la necesidad de reglas claras para evitar la doble contabilización de reducciones de emisiones y para asegurar que los proyectos realmente representen disminuciones verificables.
Para el sector productivo, una regulación más robusta puede traducirse en señales estables de precio y en reglas homogéneas para participar en el mercado. Para los proyectos de mitigación forestal y para las comunidades que dependen de ellos, la certidumbre regulatoria suele ser un factor decisivo para atraer inversión y mantener compromisos de monitoreo a largo plazo.
El decreto revocado hacía parte del marco normativo que el país ha venido construyendo desde la Ley 1931 de 2018, que define los principios de la política de cambio climático, y de decisiones posteriores del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cualquier ajuste en los mercados de carbono se inscribe en ese andamiaje institucional.
Colombia ha usado distintos instrumentos ambientales, entre ellos el pago por servicios ambientales y los incentivos tributarios a la conservación, como parte de su estrategia climática. Los mercados de carbono voluntarios y regulados se han consolidado como una vía adicional para canalizar recursos hacia la reducción de emisiones y la protección de bosques y ecosistemas estratégicos.
La revocatoria abre un compás de espera para gremios, cámaras de comercio, empresas consultoras y organizaciones ambientales que suelen participar en la estructuración de proyectos. Estos actores suelen presentar observaciones técnicas durante los procesos de consulta previa que preceden la expedición de decretos ambientales.
El gobierno no ha precisado públicamente los puntos específicos que serán modificados en la nueva norma. Mientras tanto, los proyectos de reducción de emisiones que ya estaban en curso deberán evaluar si mantienen las condiciones bajo las cuales fueron registrados o si esperan la publicación del nuevo texto.
La decisión también ocurre en un contexto internacional en el que los mercados de carbono están bajo revisión por parte de organismos multilaterales y gobiernos, que buscan endurecer los criterios de integridad ambiental. Cualquier reforma interna en Colombia podría alinearse con esos estándares o apartarse de ellos, dependiendo del contenido del decreto que se publique.
Queda pendiente conocer el texto sustitutivo, los plazos de consulta y la fecha de expedición. Hasta entonces, los mercados de carbono colombianos operan en un régimen de transición, en el que la norma vigente es la inmediatamente anterior a la que acaba de ser revocada, según el procedimiento administrativo aplicable.