El Gobierno nacional emitió el 9 de septiembre tres resoluciones con las que dio por terminadas las delegaciones oficiales que adelantaban acercamientos con el ELN y el Clan del Golfo. La decisión fue adoptada por el Ejecutivo y reportada por La FM, que detalla el contenido de cada uno de los actos administrativos.
Una de las resoluciones ordena el cierre de una zona de ubicación temporal instalada en el Valle del Guamuez, municipio del Putumayo fronterizo con Ecuador. Las zonas de ubicación temporal son espacios delimitados donde grupos armados en proceso de diálogo se concentran mientras avanzan las negociaciones, bajo protocolos de seguridad y acompañamiento institucional.
La revocatoria de las delegaciones implica que los equipos designados por el Gobierno para sostener esos contactos pierden su representación oficial. En la práctica, la medida interrumpe los canales formales que el Ejecutivo había abierto con esas dos organizaciones, sin que hasta ahora se conozca una sustitución inmediata de los negociadores.
Las conversaciones con el ELN y el Clan del Golfo han tenido trayectorias distintas. Con el ELN, el Gobierno ha mantenido ciclos de diálogo intermitentes durante los últimos años, con acuerdos y rupturas sucesivas. Con el Clan del Golfo, autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, se intentó abrir una mesa de conversaciones en 2025 tras varios meses de acercamientos exploratorios con el llamado Frente 36 y la Jefatura Mayor Nacional.
El Valle del Guamuez ha sido escenario recurrente de operaciones militares y de presencia de grupos armados vinculados al narcotráfico y a la minería ilegal. El cierre de la zona de ubicación temporal en ese punto devuelve a la Fuerza Pública el control pleno del territorio y reactiva la posibilidad de acciones ofensivas en la zona, salvo que se disponga lo contrario en otra resolución posterior.
La decisión se conoce en un contexto de creciente presión sobre las organizaciones armadas tras los atentados y hechos de violencia registrados en distintas regiones del país. Sectores políticos venían pidiendo al Ejecutivo claridad sobre el rumbo de los diálogos, en particular después de episodios que pusieron en duda los compromisos de esas estructuras con la población civil.
Con las tres resoluciones, el Ejecutivo define por ahora una postura de ruptura formal de los canales de conversación. Queda por verse si la medida se acompaña de nuevas decisiones en materia de seguridad, como refuerzos militares en el Putumayo, o si se abren caminos alternos que reemplacen las delegaciones revocadas, algo que las propias resoluciones no detallan.