El gobierno nacional confirmó que revocará el decreto que buscaba regular los mercados de carbono, una decisión que llega luego de que el ministro Fabio Arjona presentara observaciones técnicas y jurídicas sobre el contenido de la norma, según reportó abc Economía.
Los mercados de carbono son instrumentos mediante los cuales empresas y países pueden compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero comprando o vendiendo créditos generados por proyectos que reducen o capturan CO2. En Colombia, este tipo de mecanismos ha ganado tracción en los últimos años, tanto en el sector privado como en negociaciones internacionales vinculadas a la lucha contra el cambio climático.
El decreto que será retirado había sido concebido como una pieza clave para ordenar la negociación, certificación y supervisión de los bonos de carbono en territorio colombiano. Su objetivo declarado era dar mayor transparencia al mercado y atraer inversión hacia proyectos ambientales, aunque distintos actores del sector habían señalado vacíos en su redacción.
Las objeciones presentadas por el ministro Arjona, según la fuente, combinan argumentos de orden técnico, relacionados con la forma como se mediría el impacto ambiental de los proyectos, y jurídicos, sobre la competencia de las entidades involucradas en la vigilancia y sanción de los participantes del mercado.
La revocatoria del decreto implica que la regulación vigente regresa al esquema anterior, mientras el gobierno evalúa si presenta un nuevo texto o si abre un proceso de concertación con sectores empresariales, comunidades y organizaciones ambientales para construir una versión revisada de la norma.
Para las empresas que ya operan en el mercado voluntario de carbono, la decisión genera un periodo de incertidumbre regulatoria. Sectores como el forestal, el energético y el agroindustrial han utilizado estos créditos como herramienta de sostenibilidad y, en algunos casos, como fuente de ingresos por la venta de bonos verdes.
Organizaciones ambientales han reclamado en distintas ocasiones que Colombia necesita reglas claras para evitar la sobrerrepresentación de créditos de baja integridad o la especulación en un mercado en expansión. La discusión también toca a las comunidades étnicas y rurales, que en varios casos son guardianas de bosques donde se generan los créditos.
Desde el ámbito internacional, Colombia se ha comprometido en escenarios como la COP a fortalecer sus mecanismos de mitigación. Por eso, el contenido final del nuevo decreto será observado por inversionistas extranjeros y por socios comerciales que evalúan la seriedad de la política climática del país.
El siguiente paso, según lo informado por la fuente, será la expedición formal del acto administrativo que deja sin efectos el decreto anterior. Aún no se conoce una fecha oficial para la publicación de un eventual texto sustituto ni el cronograma de socialización que acompañaría su trámite.