El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, informó que el Gobierno trabaja en una nueva reglamentación para los mercados de carbono en Colombia, con la que se derogará la normatividad vigente sobre la materia. El anuncio fue realizado ante los medios y replicado por El Espectador en su cobertura del sector ambiental.
Los mercados de carbono son mecanismos mediante los cuales empresas, organizaciones y proyectos pueden comprar y vender créditos que representan una tonelada de dióxido de carbono equivalente que se deja de emitir o se captura. En Colombia, esos créditos se utilizan, entre otros fines, para cumplir metas de reducción de emisiones y para ser transados en plataformas nacionales e internacionales.
La decisión implica que la reglamentación que actualmente regula esos mercados dejará de estar vigente y será sustituida por un nuevo marco normativo. Hasta tanto se publique la nueva norma, el sector quedará en un escenario de transición, en el que se deberán precisar los efectos sobre los proyectos en curso, los créditos ya expedidos y los agentes que participan en la comercialización.
El Ministerio de Ambiente es la entidad encargada de fijar los lineamientos para la formulación, evaluación y aprobación de los proyectos de reducción de emisiones, así como de expedir los estándares técnicos que permiten verificar los créditos. La cartera también administra los registros oficiales en los que se inscriben las iniciativas y los títulos que se derivan de ellas.
La derogación de la norma abre varios interrogantes prácticos. Empresas y desarrolladores que tienen proyectos en trámite deberán conocer cómo se migrarán sus solicitudes al nuevo esquema. Los compradores y vendedores de créditos necesitarán certeza sobre la validez de los títulos emitidos bajo la regulación anterior y sobre los plazos para su comercialización.
El cambio de marco regulatorio ocurre en un momento en el que los mercados voluntarios de carbono buscan recuperar la confianza de los inversionistas tras cuestionamientos globales sobre la calidad de algunos créditos. Una nueva reglamentación puede servir para alinearse con estándares internacionales más exigentes, pero también genera incertidumbre mientras se concreta la transición.
Para la ciudadanía, los mercados de carbono tienen efectos indirectos pero relevantes. La forma en que se regulen influye en la financiación de proyectos de conservación de bosques, restauración de ecosistemas y energías limpias, que a su vez impactan la calidad del aire, el agua y la biodiversidad en territorios donde esas inversiones se ejecutan.
El Ministerio de Ambiente no ha detallado en el anuncio la fecha de expedición de la nueva norma ni el mecanismo que se usará para la transición. Sectores como el empresarial, el financiero y las organizaciones ambientales esperan conocer pronto el contenido del nuevo texto, los plazos de adaptación y las garantías para los créditos ya emitidos bajo la regulación que será derogada.
Por ahora, el Ejecutivo confirma la decisión política de cambiar las reglas y asegura que trabaja en el nuevo texto. La siguiente etapa será conocer los términos concretos de la propuesta y el camino que recorrerán los actores del mercado mientras se surta ese proceso.