El gobierno nacional revocó los 60 últimos contratos firmados por el Ministerio de Igualdad, la cartera creada durante la administración de Gustavo Petro y que posteriormente fue objeto de liquidación. La decisión la conoció la revista CAMBIO Colombia, que reportó el hallazgo que motivó la medida.
El Ministerio de Igualdad fue creado en 2023 como una de las apuestas centrales del gobierno de Petro, con el objetivo de reducir las desigualdades entre regiones y grupos poblacionales. La entidad concentró una parte significativa del gasto social del cuatrienio anterior y firmó convenios con operadores regionales y organizaciones sociales en todo el país.
Durante 2024 el Congreso aprobó la liquidación de la entidad como parte de la transición hacia el nuevo gobierno. El proceso de liquidación arrastró la revisión de cientos de contratos suscritos en los últimos meses de operación, un periodo que las autoridades de transición han señalado como crítico por la premura con la que se firmaron compromisos.
Según CAMBIO Colombia, los 60 contratos revocados corresponden a los últimos suscritos antes del cierre operativo del ministerio. El gobierno no ha detallado públicamente el tipo de irregularidades halladas, pero la revista indica que la revisión detectó inconsistencias que justifican la anulación.
La revocatoria implica que los contratistas no podrán recibir los pagos previstos y, en muchos casos, deberán responder por los recursos ya desembolsados. La medida también abre la puerta a investigaciones administrativas y posibles sanciones de los órganos de control, como la Contraloría General y la Procuraduría.
El Ministerio de Hacienda y la Presidencia deberán asumir el seguimiento de estos compromisos. El proceso se inscribe en la política de austeridad y revisión del gasto heredado que ha anunciado el gobierno de Abelardo de la Espriella desde su posesión.
Sectores sociales que recibieron recursos del MinIgualdad han expresado preocupación por la interrupción de programas en comunidades vulnerables. Organizaciones de mujeres, víctimas y poblaciones étnicas, que dependían de convenios de la cartera, pidieron claridad sobre la continuidad de los servicios.
La oposición al gobierno anterior, en tanto, respaldó la decisión y pidió que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. El gobierno aún debe precisar si algunos convenios podrán ser reasignados a otras entidades del Estado o si la liquidación definitiva de los contratos es irreversible.
Queda pendiente el resultado de la auditoría oficial y el pronunciamiento de los organismos de control sobre los hallazgos. La revocatoria de estos 60 contratos se suma a otras decisiones administrativas orientadas a revisar la contratación pública de los últimos meses del gobierno anterior.