El gobierno saliente radicará ante el Congreso un proyecto de ley orientado a prohibir de forma definitiva la explotación de hidrocarburos mediante la técnica de fracturamiento hidráulico, conocida como fracking. La decisión fue reportada por el medio KienyKe, que reseña la noticia como parte de los últimos movimientos legislativos de la administración que termina su periodo.
El fracking es una técnica de extracción de gas y petróleo que utiliza perforaciones profundas y la inyección de agua, arena y químicos a alta presión para liberar hidrocarburos atrapados en rocas de baja permeabilidad. En Colombia, su utilización ha sido objeto de un debate prolongado entre el sector energético, las comunidades de las zonas de interés, las autoridades ambientales y los gremios académicos.
El tema cobró particular relevancia tras los pilotos de investigación promovidos en años anteriores en ecosistemas como el Magdalena Medio. La Comisión de Expertos designada para evaluar la técnica entregó sus conclusiones, y desde entonces el debate se ha trasladado al Congreso, donde se han radicado distintas iniciativas en sentidos opuestos: tanto para restringir la práctica como para permitir su desarrollo bajo condiciones regulatorias específicas.
Con este nuevo proyecto, el gobierno saliente cierra una postura oficial sobre la materia y deja la decisión final en manos del Legislativo que se posesionará en las próximas semanas. Según el extracto de la fuente, el nuevo Congreso será el encargado de aprobar esta iniciativa, lo que implica que el texto deberá recorrer los cuatro debates legislativos ordinarios que exige la Constitución para convertirse en ley de la República.
Para las comunidades de las regiones donde se proyectaba la exploración no convencional, la radicación del proyecto representa un punto clave de seguimiento. Organizaciones ambientales y sociales han pedido durante años una prohibición expresa, mientras que empresas del sector energético han argumentado que el fracking podría incrementar las reservas de gas natural y reducir la dependencia de importaciones.
En términos institucionales, la iniciativa también reordenaría el marco regulatorio vigente, que actualmente se apoya en normas del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Una prohibición legal expresa dejaría sin efecto futuros contratos o pilotos que se sustenten en la normatividad actual, según han señalado distintos análisis jurídicos publicados previamente.
El momento político añade un componente adicional: el proyecto llega en el tramo final de un gobierno y deberá ser tramitado por una composición legislativa que apenas inicia funciones. Esa transición plantea dudas sobre la prioridad que el nuevo Congreso le dará al texto, y sobre si las mayorías parlamentarias respaldarán una prohibición absoluta o promoverán modificaciones durante el trámite.
Mientras tanto, el sector petrolero colombiano continúa evaluando el comportamiento de la producción de gas y crudo en cuencas tradicionales. De acuerdo con información del sector, las reservas de gas han mostrado una tendencia descendente en los últimos años, lo que mantiene abierto el debate sobre cómo garantizar el abastecimiento energético nacional sin nuevas técnicas de extracción.
La radicación del proyecto marca entonces un paso formal en una discusión que lleva años en la agenda pública. La ciudadanía, los inversionistas del sector y las autoridades territoriales estarán atentos al avance de la iniciativa en el nuevo Congreso, donde se definirá si Colombia cierra de manera definitiva la puerta al fracking o si el texto sufre cambios sustanciales durante los debates.