Según Infobae, el decreto de emergencia que prepara el Gobierno contempla apoyos temporales para empresas y trabajadores de las zonas más afectadas por el sismo. El objetivo declarado es sostener los puestos de trabajo formales en medio de la crisis que dejó el movimiento telúrico.
La medida incluye subsidios directos al pago de salarios, una figura que en Colombia se ha usado en contadas ocasiones. También prevé alivios en los aportes a seguridad social, específicamente en las cotizaciones a salud y pensiones. Con esto, las empresas tendrían un respiro en su carga prestacional mientras se recuperan las actividades productivas.
El mecanismo se activa bajo la figura del decreto extraordinario, que permite al Ejecutivo dictar normas con fuerza de ley ante calamidades públicas. Su uso está regulado por la Constitución y requiere el control posterior del Congreso. En la práctica, este tipo de decretos permite una respuesta más rápida que un proyecto de ley ordinario.
El antecedente más cercano en Colombia de una política de subsidio salarial masivo fue el programa PAEF, creado durante la pandemia de covid-19 en 2020. Ese esquema asumió parte del salario de los trabajadores formales para evitar despidos masivos durante los confinamientos. La diferencia con esta nueva medida es que se circunscribe a una zona geográfica específica y a una emergencia de origen natural.
Para los trabajadores, la consecuencia directa es la preservación del empleo formal y del flujo de ingresos. Para los empleadores, la reducción temporal de costos laborales puede ser la diferencia entre mantener abierta una nómina o cerrar. En regiones devastadas por un sismo, donde el comercio y los servicios suelen paralizarse, ese margen suele ser determinante.
La focalización territorial es uno de los puntos sensibles de la medida. Aún no se ha detallado cuáles municipios o departamentos recibirán el subsidio. Las zonas más afectadas suelen concentrar población vulnerable y economía informal, lo que deja por fuera a un porcentaje alto de quienes perdieron su sustento.
El decreto también deberá precisar la fuente de los recursos. En emergencias previas, el Gobierno ha usado fondos del Sistema General de Regalías, del Presupuesto Nacional y de líneas de crédito con organismos multilaterales. La sostenibilidad fiscal de los subsidios depende de cuánto tiempo se extiendan y del alcance que tengan.
Como siguiente paso, se espera la publicación del texto completo del decreto y su reglamentación. También falta la definición de los criterios de elegibilidad para empresas y beneficiarios, así como los plazos de inscripción. Las reacciones del sector privado y de los gremios serán clave para medir la aceptación de la medida.