El Gobierno Nacional confirmó que durante 2027 no realizará nuevas adquisiciones de tierras en el marco de la reforma agraria. La decisión implica un cambio de prioridades en la política de tierras, que durante años se sostuvo en la compra directa de predios para entregarlos a familias campesinas, según reportó Pulzo.
De acuerdo con la información publicada, los recursos que antes se destinaban a la compra de tierras se reorientarán a dos frentes: la regularización de predios que ya están en manos de campesinos pero carecen de títulos formalizados, y el impulso de proyectos productivos en zonas rurales.
La reforma agraria es una de las políticas públicas con mayor trayectoria en Colombia. Su objetivo declarado es democratizar el acceso a la tierra y reducir la histórica concentración de la propiedad rural, un problema estructural asociado al desplazamiento forzado y a la conflictividad en el campo.
La Agencia Nacional de Tierra, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, es la encargada de ejecutar los procesos de compra, adjudicación y formalización. En administraciones recientes, la compra directa de predios baldíos o en manos de particulares había sido la herramienta central, aunque también ha enfrentado críticas por los retrasos en las entregas y por la calidad de los suelos adquiridos.
El giro hacia la regularización responde a un diagnóstico que el propio Gobierno ha expuesto en otras ocasiones: buena parte de los predios rurales que se necesitan ya están ocupados por familias campesinas, pero sin títulos de propiedad. Formalizar esos terrenos les permite acceder a crédito, a programas estatales y a la oferta institucional del Estado.
Los proyectos productivos, por su parte, buscan que la tierra titulada genere ingresos estables para sus ocupantes. En el sector agropecuario colombiano, la ausencia de asistencia técnica, financiamiento y comercialización ha sido señalada como una de las causas de que muchas adjudicaciones terminen abandonadas o en manos de terceros.
La decisión implica que las organizaciones campesinas que esperaban nuevas entregas de predios por parte del Estado deberán replantear sus expectativas al menos durante el próximo año fiscal. Sectores que venían negociando compras con el Gobierno quedan a la espera de una eventual revisión de esta directriz.
Quedan pendientes preguntas clave sobre el presupuesto que se destinará a la regularización y a los proyectos productivos, así como sobre la cobertura territorial que tendrá la nueva estrategia. El Ministerio de Agricultura no ha detallado, hasta ahora, cuántas familias serían beneficiarias ni en qué regiones se concentrarán los esfuerzos.
El anuncio marca un punto de inflexión en la política de tierras y deja en evidencia la discusión sobre cuál es el camino más eficaz para cerrar la brecha de informalidad en el campo colombiano: comprar más tierra o asegurar que la tierra ya trabajada tenga dueño reconocido por el Estado.