El presidente Abelardo de la Espriella firmó las resoluciones que ratifican el desmonte de la llamada “paz total”, la estrategia de diálogo con grupos armados y organizaciones criminales que había sido una de las apuestas centrales del Gobierno anterior. Con la rúbrica presidencial, el Ejecutivo cierra el ciclo abierto bajo esa política y adopta un marco distinto para tratar a las organizaciones armadas, según lo reportado por El Espectador.
Entre los efectos inmediatos de la decisión están la terminación de las mesas de diálogo que el Gobierno venía adelantando con los Comuneros del Sur y con bandas de Medellín. Estas estructuras habían sido convocadas a conversaciones formales en el marco de la “paz total”, un esquema que buscaba abrir caminos de negociación simultánea con distintos actores armados, incluidos grupos paramilitares, disidencias y organizaciones delincuenciales de ciudades.
Los Comuneros del Sur son una organización surgida en el Cauca con raíces en antiguos grupos indígenas armados y en disidencias de las Farc, y habían participado en intentos previos de diálogo que fracasaron por incumplimientos y señalamientos de violencia contra poblaciones locales. Las bandas de Medellín, por su parte, agrupan estructuras del crimen urbano dedicadas al narcotráfico y al sicariato, cuya inclusión en mesas de negociación había sido particularmente cuestionada por autoridades locales y víctimas.
Con el desmonte de la “paz total”, estas y otras mesas quedan formalmente suspendidas. La medida implica que el Gobierno se aparta del enfoque de negociación amplia y abre la puerta a que los grupos afectados pasen a ser tratados bajo la justicia ordinaria y la ruta de sometimiento individual, con beneficios condicionados a la entrega de información, bienes y desmovilización verificable.
La decisión tiene implicaciones directas para los habitantes del Cauca, una de las regiones más afectadas por la presencia de los Comuneros del Sur, y para los barrios de Medellín donde operan las bandas convocadas a diálogo. En ambos casos, la suspensión de las mesas reduce el canal de comunicación formal entre el Estado y esas estructuras, al tiempo que deja en suspensoeventuales acuerdos parciales que se hubieran alcanzado.
El cierre de la “paz total” también reordena la política de seguridad nacional. La estrategia había sido duramente criticada por sectores políticos y militares que la consideraban una invitación al crimen. Con su desmontaje, el Gobierno de la Espriella se alinea con quienes piden una línea más restrictiva frente a los grupos armados, aunque todavía no se conocen los detalles operativos del nuevo modelo.
Desde el punto de vista institucional, la firma de las resoluciones significa que las resoluciones y decretos que dieron vida a las mesas pierden su soporte jurídico, lo que obliga a las entidades involucradas, como el Ministerio de Justicia, la Consejería de Paz y la Fuerza Pública, a reorganizar sus tareas. También se reabre el debate sobre el tratamiento diferenciado entre organizaciones armadas con origen político y estructuras del crimen organizado y narcotráfico.
Queda pendiente la reacción de los grupos afectados por el cierre de las mesas. Los Comuneros del Sur y las bandas de Medellín pueden optar por acogerse a las rutas individuales de sometimiento que ofrece la legislación, mantener los contactos informales o retomar las acciones violentas. Por ahora, según la información publicada por El Espectador, no se registran pronunciamientos públicos de esas estructuras frente a la decisión presidencial.
En el corto plazo, la atención se centra en la publicación de los textos firmados y en los siguientes pasos del Ejecutivo. Sectores sociales y de víctimas estarán pendientes de cómo se traduce el fin de la “paz total” en medidas concretas de protección y búsqueda de verdad, justicia y reparación en los territorios más golpeados por el conflicto armado y el crimen organizado.