El Gobierno nacional dejó listo un decreto que modifica las condiciones bajo las cuales la Fuerza Pública puede intervenir durante manifestaciones públicas. La disposición habilita a las autoridades a actuar sin que se haya cumplido de manera previa el mecanismo de diálogo, según reportó La FM.
El extracto del proyecto divulgado por La FM aclara que esta autorización no equivale a una intervención contra cualquier forma de protesta. El texto señala que quienes se manifiesten de manera pacífica mantienen las garantías que ya consagra la legislación vigente, y que la medida se orienta a los escenarios donde se produzcan alteraciones graves del orden público.
La protesta social es un derecho constitucional en Colombia, reconocido en el artículo 37 de la Carta Política. Sobre ese derecho, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado límites legítimos como la prohibición de vías de hecho, la violencia y las conductas que pongan en riesgo bienes jurídicos protegidos.
En los últimos años, el uso de la fuerza en contextos de movilización ha sido objeto de debate nacional e internacional. Organizaciones de derechos humanos han señalado casos de uso desproporcionado, mientras que distintos gobiernos han defendido los protocolos de intervención como herramienta para proteger a la ciudadanía y la infraestructura.
El decreto que se alista se inscribe en la discusión sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y el mantenimiento del orden público. La distinción que introduce el texto entre protesta pacífica y escenarios de perturbación grave es el eje sobre el que gira la nueva herramienta, de acuerdo con el extracto citado por La FM.
Para los ciudadanos, la medida tiene efectos prácticos directos: cambia las reglas operativas que rigen la actuación policial y militar cuando una manifestación deriva en hechos violentos. Sectores defensores de derechos humanos suelen pedir protocolos claros y rendición de cuentas, mientras que sectores que privilegian la seguridad piden herramientas ágiles frente a bloqueos y vandalismo.
El paso siguiente es la expedición formal del decreto, su publicación en el Diario Oficial y la posterior revisión por parte de las Altas Cortes, incluida la Corte Constitucional, competente para evaluar la compatibilidad de las normas con los derechos reconocidos en la Constitución. Queda pendiente conocer el texto definitivo y los protocolos de actuación que lo acompañen.
La FM, fuente de esta información, publica el extracto del proyecto de decreto en el que el Gobierno sustenta la decisión. El alcance final de la medida dependerá de la versión que se expida y de los controles judiciales que se activen tras su entrada en vigencia.