El Gobierno de Abelardo de la Espriella advirtió sobre el riesgo de un apagón en Colombia, derivado del déficit de energía firme y del escenario que, según el Ejecutivo, recibió de la administración de Gustavo Petro. La alerta fue reportada por El Norte, que recogió las declaraciones oficiales y la reacción del sector eléctrico.
La energía firme corresponde a la capacidad real de generación disponible de forma sostenida para atender la demanda del país, incluso en condiciones críticas como sequías o picos de consumo. Cuando esta capacidad resulta insuficiente frente al crecimiento de la demanda, el sistema queda expuesto a restricciones que pueden derivar en racionamientos programados o en apagones generalizados.
Desde el Gobierno se explicó que se trabaja para evitar racionamientos eléctricos, tarea que implica revisar la disponibilidad de las plantas de generación, los niveles de los embalses y la entrada de nuevos proyectos al sistema. La situación, según el Ejecutivo, no se originó en la actual administración, sino que responde a decisiones acumuladas en los años previos.
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, habló del apagón de Petro, una expresión que ha sido utilizada por el propio presidente Abelardo de la Espriella para describir el panorama que, a su juicio, dejó la administración anterior en materia energética. La agremiación agrupa a buena parte de las empresas generadoras que operan en el país.
El debate entre el Gobierno y el sector se inscribe en un contexto más amplio. En los últimos años, Colombia enfrentó alertas por el nivel de los embalsas que alimentan sus principales hidroeléctricas, en particular durante los fenómenos de El Niño, cuando las lluvias se reducen y aumenta la dependencia de las plantas térmicas, que son más costosas y contaminantes.
Para los ciudadanos, un eventual apagón significaría interrupciones en el servicio de energía eléctrica, con efectos directos en el comercio, la industria, la salud y la conectividad. Las zonas más vulnerables suelen ser las que dependen exclusivamente del sistema interconectado nacional, aunque también resultan afectadas las regiones con redes locales más frágiles.
Las posturas en juego son claras. El Gobierno sostiene que el riesgo es real y que se requiere actuar con rapidez para evitar un colapso, mientras que el sector generador, por intermedio de Acolgen, advierte que las condiciones actuales del sistema no dan margen para la improvisación. La administración anterior, por su parte, ha defendido su gestión en materia de transición energética.
En las próximas semanas se esperan decisiones concretas sobre la incorporación de nueva capacidad de generación, los incentivos a las inversiones del sector privado y los mecanismos de respuesta ante emergencias. La atención estará puesta en si el Gobierno logra desactivar la alerta a tiempo o si el sistema termina pagando las cuentas de un déficit acumulado durante varios años.
El reportaje original de El Norte recoge los detalles técnicos y las declaraciones de los protagonistas. Cualquier ciudadano puede consultarlo en elnorte.com.co para conocer los argumentos completos de cada parte.