El gobierno de Abelardo De la Espriella derogó la norma que desde 2015 suspendía el uso de glifosato mediante aspersión aérea para la erradicación de cultivos de uso ilícito en Colombia, según informó El Colombiano. La medida revive una herramienta que estuvo congelada durante once años y que había sido cuestionada por sus efectos sobre la salud y el ambiente.
La suspensión original se dictó en 2015, después de que la Organización Mundial de la Salud incluyera al glifosato entre las sustancias posiblemente cancerígenas. A partir de esa decisión, Colombia dejó de fumigar cultivos de coca desde el aire y la estrategia antinarcóticos pasó a apoyarse de forma creciente en la erradicación manual realizada por grupos de campesinos, con apoyo de la Fuerza Pública.
En los años siguientes, varios gobiernos intentaron retomar la aspersión aérea, pero el Consejo Nacional de Estupefacientes mantuvo la prohibición. También la Corte Constitucional y organismos de control fijaron condiciones sobre estudios de impacto ambiental y de salud que debían cumplirse antes de cualquier reaplicación del químico. El debate se mantuvo abierto entre quienes defienden la aspersión como herramienta eficaz contra los cultivos ilícitos y quienes alertan sobre sus riesgos.
Con la derogación, el gobierno abre la puerta a que se reactiven los protocolos operativos para la fumigación aérea. Sin embargo, según lo que señala El Colombiano, todavía quedan pendientes requisitos técnicos, sanitarios y jurídicos para que las aeronaves vuelvan a lanzar glifosato sobre los cultivos de coca en el país.
La decisión afecta de manera directa a las comunidades rurales que viven en zonas con presencia de cultivos de uso ilícito. Para los habitantes de esas regiones, la aspersión aérea representa una preocupación histórica por la contaminación de fuentes de agua, suelos y alimentos, mientras que la erradicación manual ha sido vista por otros sectores como una alternativa más segura pero de menor cobertura.
Organizaciones ambientales y de derechos humanos suelen advertir que el retorno de la aspersión aérea puede afectar a población no involucrada en la cadena del narcotráfico, en especial a comunidades indígenas y campesinas. Por su parte, sectores vinculados a la Fuerza Pública y a la política antinarcóticos han sostenido que sin fumigación aérea es más difícil reducir las hectáreas cultivadas, que se han mantenido elevadas en las mediciones oficiales.
En el plano institucional, la medida obliga a actualizar la regulación del Consejo Nacional de Estupefacientes y a revisar los convenios con los operadores que aplican la sustancia. También pone en el centro del debate el papel que tendrá la erradicación manual forzosa y voluntaria frente a una posible reanudación de la aspersión química.
El gobierno aún no ha detallado el cronograma para la reactivación ni el plan de seguimiento a los posibles impactos ambientales y sanitarios. Lo que queda claro es que Colombia vuelve a discutir una decisión que durante más de una década dividió a la opinión pública, a las comunidades afectadas y a los organismos de control.