El Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia trabajan en la versión final de un proyecto de ley de sometimiento a la justicia para grupos armados ilegales. Las dos carteras encabezan la redacción del texto y ya dieron a conocer los lineamientos que regirán las condiciones del proceso, según informó El Espectador.
Una de las decisiones centrales que adelantó el Gobierno es que no se instalará una mesa formal de negociaciones con las organizaciones que decidan acogerse al mecanismo. La diferencia con esquemas anteriores, como los procesos de paz adelantados en décadas pasadas, es que ahora la vía será estrictamente jurídica, sin un espacio de diálogo político con voceros de esos grupos.
El proyecto busca establecer cómo funcionará la entrega, el juzgamiento y la posible reincorporación de miembros de organizaciones armadas que se sometan a la jurisdicción ordinaria. Los lineamientos ya emitidos por ambos ministerios fijan el marco bajo el cual se discutirá el articulado en el Congreso.
En el contexto institucional, el Ministerio del Interior tiene a su cargo la formulación de políticas orientadas a la convivencia y la seguridad ciudadana, mientras que la cartera de Justicia define los lineamientos del sistema penal y los mecanismos de acceso a la justicia. Que ambas conduzcan este proceso indica que el sometimiento se concibe como una política de Estado que combina el orden público con el debido proceso.
La decisión de descartar una mesa de negociaciones responde a un debate de fondo sobre la naturaleza del sometimiento. Para algunos sectores políticos y jurídicos, este debe entenderse como una rendición ante la justicia y no como un acuerdo entre partes. Para otros, la ausencia de diálogo limita la posibilidad de obtener verdad, reparación y compromisos de desmovilización por parte de las estructuras armadas.
El alcance concreto del proyecto, incluyendo los delitos que quedarán cubiertos, los beneficios judiciales y las condiciones de reincorporación, se conocerá cuando el texto sea presentado formalmente. Hasta ahora, los ministerios han trabajado en los lineamientos técnicos sin hacer público el borrador completo.
En el Congreso, el trámite legislativo dependerá de la urgencia que el Gobierno imprima al proyecto. Si se radica como ley ordinaria, deberá surtir los ocho debates habituales; si se tramita como ley estatutaria o se invoca el procedimiento especial del artículo 1 de la Ley 2272 de 2022, los tiempos y mayorías requeridas cambian. La definición de ese procedimiento será clave para el calendario.
Para la ciudadanía, el proyecto tiene implicaciones directas en seguridad, justicia y derechos de las víctimas. Un sometimiento sin mesa de negociaciones puede agilizar los procesos penales, pero también deja abiertas preguntas sobre cómo se garantizará la verdad de lo ocurrido en zonas afectadas por el conflicto y la violencia.
Queda pendiente conocer el texto definitivo, las sanciones contempladas, los plazos para la entrega y los criterios de selección de los beneficiarios. La fase siguiente será la radicación del proyecto ante el Congreso y el inicio del debate democrático sobre su contenido.