Según la fuente ViveelMeta, el Gobierno nacional y las empresas de telefonía ya trabajan en un esquema conjunto para bloquear la señal de celulares al interior de los centros de reclusión en Colombia. La iniciativa, según el reporte, busca cortar el uso de dispositivos móviles y redes de comunicación por parte de los internos.
De acuerdo con el extracto citado, el propósito concreto de la medida es impedir que las personas privadas de la libertad sigan utilizando teléfonos y aplicaciones para ordenar extorsiones, dar instrucciones a estructuras criminales y coordinar actividades ilícitas desde la cárcel. Esta práctica ha sido denunciada de manera reiterada por autoridades y víctimas en los últimos años.
En Colombia, la telefonía móvil opera con autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y bajo la regulación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Por eso, cualquier esquema de inhibición de señal dentro de penales requiere un marco legal y técnico que concilie la seguridad con el respeto a los derechos de los visitantes, los funcionarios y los reclusos, quienes conservan el derecho a la comunicación con sus abogados y familiares.
El problema de las comunicaciones desde las cárceles no es nuevo. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ha realizado decomisos recurrentes de celulares y ha reportado intentos de ingreso de equipos en alimentos, ropa y encomiendas. Distintos informes oficiales y de prensa han señalado que las llamadas de extorsión desde los penales afectan a comerciantes, transportadores y ciudadanos comunes en varias regiones del país.
Para la ciudadanía, el eventual bloqueo de la señal representa un cambio en las condiciones de seguridad pública, en especial para quienes han sido víctimas de amenazas o cobros extorsivos atribuidos a personas detenidas. La medida también impacta a los visitantes de los penales, a los abogados defensores y a los propios internos, pues la comunicación con el exterior se vería restringida durante las visitas si no se contemplan alternativas tecnológicas dentro del recinto.
La fuente no precisa si el bloqueo se aplicará con inhibidores de señal instalados físicamente en los penales, con acuerdos con los operadores para apagar las antenas cercanas, o mediante una combinación de ambos mecanismos. Tampoco detalla el calendario de implementación ni los penales que serán priorizados en una primera fase.
Queda pendiente conocer los alcances técnicos y regulatorios del acuerdo entre el Gobierno y las empresas de telefonía, así como los controles jurídicos que se aplicarán para evitar que el bloqueo afecte a zonas urbanas vecinas a los centros de reclusión. También se deberá precisar cómo se garantizará el derecho de defensa y la comunicación de los internos con sus familiares y abogados.
La estrategia se inscribe en un conjunto más amplio de políticas de seguridad que el Gobierno viene discutiendo con distintos sectores, orientadas a reducir el papel de las cárceles como centros de comando criminal. El éxito de la iniciativa dependerá, según han planteado expertos en otras ocasiones, de la capacidad técnica para aislar solo las señales dentro de los penales y de la coordinación entre INPEC, Policía, operadores y autoridades judiciales.