La discusión del salario mínimo que regirá en Colombia durante 2027 quedó formalmente instalada. El Gobierno nacional, los gremios empresariales y las centrales sindicales se sentaron en la mesa de concertación para revisar las propuestas y acordar el porcentaje de aumento, según informó Pulzo.
El salario mínimo es la remuneración mínima legal que un empleador debe pagar a un trabajador formal por una jornada ordinaria en Colombia. Se trata de un instrumento central de la política laboral y, por su alcance, de la política económica del país.
La negociación involucra tres sectores con intereses distintos. El Gobierno busca equilibrar el poder adquisitivo de los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas. Los gremios piden incrementos moderados para no presionar los costos laborales. Los sindicatos reclaman alzas que compensen la inflación y mejoren el ingreso real.
Además del porcentaje de aumento, la mesa discute temas como el auxilio de transporte, los beneficios no salariales y el impacto del nuevo mínimo en sectores como el agro, el comercio y las pequeñas empresas, que concentran buena parte del empleo formal e informal del país.
En Colombia, la concertación del mínimo se realiza cada año entre diciembre y enero. Si las partes no llegan a un acuerdo, el Gobierno fija el aumento mediante decreto, tomando como referencia la inflación del año anterior y otros indicadores económicos.
El resultado de esta mesa es relevante para más de un millón de trabajadores que devengan el mínimo en el país. También incide en el cálculo de pensiones, prestaciones sociales, aportes a seguridad social y contratos estatales, lo que multiplica su efecto en la economía.
Según Pulzo, el proceso se encuentra en fase de análisis de propuestas. Aún no se conocen cifras oficiales ni plazos definidos para la firma del acuerdo, aunque las partes buscan cerrar la negociación antes de que termine el año.
Quedan pendientes varios puntos: el umbral de inflación que se tomará como referencia, la situación de sectores golpeados por la desaceleración y el tratamiento de los trabajadores independientes, que no están cobijados por la concertación pero sienten sus efectos.