El ministro de Justicia, Iván Cancino, informó que se convocó una reunión entre las carteras de Justicia, Defensa y Relaciones Exteriores (Cancillería) con el fin de definir la ruta de atención para los militares colombianos detenidos en Estados Unidos por su presunta vinculación al magnicidio del entonces mandatario Jovenel Moïse en Haití. El anuncio fue recogido por La FM.
De acuerdo con la fuente, el Gobierno ya estableció contacto con las familias de los uniformados. Ese primer contacto se produjo antes del encuentro interministerial, en el que se busca trazar los pasos que seguirá el Ejecutivo frente al proceso judicial que se adelanta en territorio norteamericano.
El grupo de militares colombianos en cuestión había sido capturado en el marco de las investigaciones por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021 en Puerto Príncipe. Varios de esos uniformados fueron trasladados luego a Estados Unidos, donde enfrentan un expediente en la justicia federal por su presunta participación en los hechos.
La reunión anunciada por Cancino pone en una misma conversación a las entidades que tienen competencias distintas pero complementarias. Justicia aporta el componente penal y de cooperación judicial, Defensa maneja la situación administrativa y de carrera de los uniformados, y Cancillería conduce el diálogo diplomático y la asistencia consular ante las autoridades de Washington.
La Cancillería colombiana ha reiterado en casos de connacionales detenidos en el exterior que tiene la responsabilidad de hacer presencia a través de los funcionarios diplomáticos y consulares. En la práctica, ese rol se traduce en acompañamiento jurídico, seguimiento al debido proceso y comunicación periódica con los familiares, sin sustituir las decisiones de los tribunales extranjeros.
Para los familiares de los detenidos, la noticia implica que el Estado colombiano pasó de las declaraciones puntuales a una mesa de trabajo concreta. El contacto directo con los hogares y la convocatoria interministerial abren la posibilidad de un acompañamiento más ordenado, aunque el alcance real dependerá de lo que se acuerde en la cita y de los límites que imponga la jurisdicción de EE. UU.
Desde la perspectiva del debido proceso, el expediente se adelanta en cortes federales de Estados Unidos, por lo que el margen de incidencia del Gobierno colombiano es limitado. Las opciones se concentran en la asistencia consular, la verificación de las condiciones de reclusión, la contratación de defensa privada y, eventualmente, gestiones diplomáticas si surgieran novedades en el caso.
Por ahora, el Ministerio de Justicia no entregó detalles adicionales sobre la fecha de la reunión ni sobre los nombres de los funcionarios que asistirán. La FM señaló que Cancino se limitó a confirmar la convocatoria y el contacto previo con las familias, y que el contenido del encuentro se dará a conocer una vez las partes se sienten a la mesa. La siguiente etapa, según la misma fuente, será precisamente esa cita entre Justicia, Defensa y Cancillería.
El caso mantiene la atención sobre la cooperación judicial entre Colombia, Haití y Estados Unidos, y sobre el rol que debe jugar el Gobierno colombiano frente a uniformados capturados en misiones o desplazamientos en el exterior. La reunión anunciada aparece como el primer paso formal para encauzar esa respuesta dentro del Estado.