El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que las organizaciones criminales que continúen al margen de la ilegalidad cuentan con un mes para organizar su sometimiento al Estado colombiano. El pronunciamiento lo entregó a Caracol Radio y reitera la línea de seguridad que propuso durante su campaña. Con la frase, el presidente electo dejó clara la prioridad que le dará al tema en el arranque de su mandato.
La propuesta se apoya en el marco de la Ley de Sometimiento y en los principios de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Colombia ha usado esa ruta en distintos momentos de su historia reciente para que grupos armados dejen las armas y entreguen información sobre sus estructuras. El presidente electo pidió ahora activar esa vía de manera urgente.
De la Espriella también ha dicho que su gobierno apostará por el uso de la fuerza contra las organizaciones que no se acojan al llamado. Esa doble vía, diálogo con sometimiento y operación militar contra quienes rechacen la oferta, ya se aplicó en procesos anteriores como el de las AUC en la primera década de los 2000. La diferencia ahora estará en la velocidad con la que el nuevo gobierno busque aplicarla.
El anuncio llega en un momento sensible para la seguridad nacional. Las disidencias de las antiguas FARC, el ELN y las bandas dedicadas al narcotráfico siguen activas en zonas rurales y urbanas del país. Departamentos como Cauca, Catatumbo, Putumayo y partes de Antioquia registran presencia constante de esos grupos y afectan a comunidades enteras con amenazas, desplazamientos forzados y restricciones a la movilidad.
Para los ciudadanos, el impacto directo se mide en tres frentes. Primero, la posibilidad de reducir los atentados contra la población civil en regiones donde esos grupos imponen controles territoriales. Segundo, el eventual debilitamiento de economías ilegales que financian la violencia y que se cruzan con la deforestación y el tráfico de personas. Tercero, la expectativa de un ajuste en la política de orden público que toque temas sensibles como el uso del glifosato para la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito.
En el sector institucional, el pronunciamiento pone a prueba la coordinación entre la Fiscalía, la Corte Suprema y la Jurisdicción Especial para la Paz. Cada entidad tiene competencias distintas y la aplicación efectiva del sometimiento depende de que los acuerdos operativos lleguen a tiempo. La experiencia de procesos anteriores mostró que los retrasos en esa coordinación suelen traducirse en desconfianza por parte de los grupos armados y en críticas por parte de la opinión pública.
La comunidad internacional observa con atención este tipo de anuncios, en especial Estados Unidos y la Unión Europea, que mantienen programas de cooperación en seguridad y construcción de paz. Un sometimiento ordenado puede facilitar asistencia técnica y respaldo político. Un fracaso, en cambio, suele aislar al país en los escenarios multilaterales donde Colombia presenta sus avances en derechos humanos y Estado de Derecho.
Desde la sociedad civil, voces como las de la Comisión Colombiana de Juristas y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos han pedido que cualquier proceso incluya garantías de no repetición y verdad para las víctimas. Esas organizaciones insisten en que el sometimiento no puede ser una amnistía disfrazada y debe ir acompañado de mecanismos de rendición de cuentas. El reto del gobierno entrante será equilibrar la presión militar con los estándares de justicia transicional.
Por ahora, el calendario es claro. Los grupos armados ilegales tienen un mes para responder. Si aceptan, entrarán a una ruta de negociación y entrega. Si rechazan, el gobierno anunció que usará toda la capacidad del Estado para combatirlos. Las próximas semanas serán decisivas para saber qué grupos se acercan y cuáles prefieren mantenerse en la clandestinidad, un dato que medirá la efectividad del llamado presidencial.
Lo que sigue es el inicio formal del gobierno de Abelardo de la Espriella y la publicación de los decretos que regulen el proceso de sometimiento. También se esperan los primeros consejos de seguridad en zonas críticas y la designación del alto mando de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Esos pasos dirán si la política anunciada en campaña se traduce en acciones concretas desde el primer día.