El exsenador Gustavo Bolívar cuestionó la nueva estrategia del gobierno de Abelardo de la Espriella dirigida a expulsar a los migrantes irregulares que se encuentran en Colombia. Según la publicación de Infobae, el exlegislador acusó al actual gobierno de instrumentalizar a la población venezolana con fines electorales, una denuncia que reabre el debate político sobre el manejo del fenómeno migratorio en el país.
En sus declaraciones, recogidas por Infobae, Bolívar sostuvo que la política migratoria oficial representa un giro en el tratamiento que el Estado colombiano venía dando a los venezolanos. Con la frase “ahora los tiran a la basura”, el exsenador expresó su rechazo al enfoque que, según él, abandona el principio de integración y regularización que caracterizó a la administración anterior.
El extracto de la fuente no precisa los detalles operativos de la nueva estrategia de expulsión. Sin embargo, el cruce de declaraciones ocurre en un contexto de relaciones bilaterales tensas entre Colombia y Venezuela, donde los cierres fronterizos, las deportaciones y los acuerdos de regularización han marcado la agenda en los últimos años. Cualquier cambio de rumbo en esta política afecta directamente a cientos de miles de ciudadanos venezolanos radicados en territorio colombiano.
La acusación de uso electoral de la migración no es nueva en la política colombiana. Tanto el gobierno como distintos sectores de oposición han sido señalados recurrentemente por supuestas campañas centradas en el miedo al migrante o en ofertas de regularización. En esta ocasión, el señalamiento proviene de un exsenador que hizo parte del Pacto Histórico y que ha sido una de las voces más visibles del oficialismo anterior en redes sociales.
Para los ciudadanos venezolanos en condición irregular, un cambio en la política de expulsión puede traducirse en un aumento de las detenciones, procedimientos administrativos de deportación y restricciones al acceso a servicios públicos. El impacto también alcanza a los colombianos que dependen de actividades económicas donde la población migrante tiene un papel relevante, como el comercio informal, la construcción y el trabajo doméstico.
Desde el lado del gobierno, la estrategia de expulsión es presentada como una medida necesaria para atender las denuncias ciudadanas y la congestión de servicios en zonas de frontera y en ciudades receptoras como Bogotá, Medellín y Cúcuta. El extracto no recoge hasta ahora una réplica oficial del gobierno de Abelardo de la Espriella a los señalamientos del exsenador, aunque el cruce de declaraciones suele generar pronunciamientos de la Cancillería o del Ministerio del Interior.
El debate se inscribe además en la discusión más amplia sobre el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), el mecanismo de regularización que permitió a cientos de miles de venezolanos acceder a un permiso de permanencia y a servicios como salud y educación. La continuidad o el reemplazo de ese tipo de instrumentos será determinante para saber si el gobierno mantiene la línea de protección o avanza hacia un esquema más restrictivo.
Queda por ver si la administración de Abelardo de la Espriella detalla públicamente los alcances de la nueva estrategia, cuántas personas podrían verse afectadas y qué cooperación se coordinará con las autoridades venezolanas. También se aguarda la respuesta oficial a las acusaciones de instrumentalización electoral formuladas por el exsenador Gustavo Bolívar.