El exsenador Gustavo Bolívar expresó reparos frente a la posibilidad de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella retire a Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI). El pronunciamiento fue recogido por el medio Infobae y reavivó el debate sobre el alcance de las decisiones del Ejecutivo en materia de justicia internacional.
De acuerdo con el extracto, Bolívar advirtió que la eventual salida podría estar motivada por el deseo de evitar el escrutinio internacional. Según su lectura, esa intención se conecta con promesas presidenciales de confrontación política que, a su juicio, quedarían expuestas ante organismos multilaterales.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, es el tribunal de última instancia para juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y agresión cuando los Estados no pueden o no quieren hacerlo. Colombia es Estado parte del Estatuto de Roma desde 2002 y ha sido objeto de exámenes preliminares por parte de la Fiscalía de la CPI en relación con el conflicto armado interno.
Una eventual denuncia del Estatuto de Roma exige un procedimiento regulado. El artículo 127 del tratado establece que cualquier Estado parte puede retirarse mediante notificación escrita al Secretario General de la ONU. La retirada surte efecto un año después de recibida la notificación y no exime al país de las obligaciones derivadas de hechos cometidos durante su vigencia.
El debate también toca la cooperación judicial. Si Colombia dejara la CPI, se cerrarían los canales directos de asistencia para investigar y judicializar conductas graves. Eso obligaría a explorar rutas diplomáticas con terceros Estados parte o con el propio tribunal, lo que suele hacer más lentas las pesquisas y reduce el acceso a pruebas transfronterizas.
Para la ciudadanía, el punto central es qué ocurriría con los procesos abiertos o en etapa de seguimiento. La Fiscalía de la CPI ha examinado durante años conductas relacionadas con reclutamiento de menores, violencia sexual y ataques contra pueblos indígenas en el marco del conflicto. Salirse del Estatuto no borra esos expedientes, pero sí modifica la relación institucional con el tribunal.
Sectores políticos y académicos consultados en otros momentos han planteado que la membresía en la CPI funciona como un ancla frente a posibles represiones selectivas. Otros argumentan que la jurisdicción nacional debe fortalecerse y que la intervención de tribunales externos puede politizarse. El contraste entre esas dos visiones enmarca la discusión actual.
En el plano internacional, una denuncia sería leída como una señal política. Países con procesos abiertos ante la CPI, o con gobiernos bajo observación, suelen calibrar el alcance mediático de una decisión así. Para inversionistas y cooperantes, la decisión también pesa: la pertenencia a tribunales internacionales suele considerarse un indicador de previsibilidad institucional.
Por ahora, lo concreto es el señalamiento de Bolívar y la respuesta que pueda dar el Gobierno de de la Espriella. Infobae no reporta, según el extracto disponible, una notificación formal de retirada. El siguiente paso será confirmar si esa intención se materializa en un acto administrativo y, de ser así, cuándo se presentaría la comunicación ante la Organización de las Naciones Unidas.
En cualquier escenario, la tensión entre soberanía nacional y obligaciones internacionales vuelve al centro del debate público colombiano. Las consecuencias jurídicas, políticas y diplomáticas de una salida se medirán durante el año que separa la notificación de su entrada en vigor, un periodo en el que Colombia seguiría plenamente vinculada al Estatuto de Roma.