El exsenador Gustavo Bolívar lanzó duras críticas contra figuras cercanas al presidente electo Abelardo de la Espriella, luego de que el círculo del mandatario electo planteara la posibilidad de pedir la extradición del expresidente Gustavo Petro. Según reportó Infobae, Bolívar señaló que ese tipo de decisiones no puede tomarlas de manera unilateral ninguna autoridad presidencial.
En su pronunciamiento, el exsenador advirtió que cualquier intento de afectar a Petro sería interpretado como un ataque directo a los millones de ciudadanos que lo respaldaron. «Si lo tocan, tocan a 13 millones», expresó, en referencia al caudal electoral que obtuvo el entonces candidato en las pasadas elecciones, según recoge la fuente.
El debate gira en torno a la figura jurídica de la extradición, un instrumento que en Colombia se tramita de manera exclusiva a través de la rama judicial. Ni la Presidencia ni ningún despacho del Ejecutivo puede ordenar por sí solo la entrega de un ciudadano a otro país. Esa competencia corresponde a la Corte Suprema de Justicia y, en segunda instancia, a la Fiscalía General de la Nación y a la Cancillería, en un proceso con etapas claras y derecho de defensa.
La solicitud para que un país extradite a una persona requiere, como mínimo, una orden de captura vigente, una solicitud formal del país requirente y el aval de un juez colombiano. El procedimiento está regulado por la Ley 600 de 2000, la Ley 906 de 2004 y los tratados bilaterales suscritos con naciones como Estados Unidos. La Cancillería cumple un papel de canal diplomático, pero no tiene facultad decisoria.
El contexto de fondo es la prolongada crisis entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y sectores políticos que lo adversan. A lo largo de su mandato, Petro enfrentó investigaciones, señalamientos y decisiones de la justicia ordinaria que sus seguidores califican de persecución y sus críticos de rendición de cuentas. La llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño abrió expectativas de cambio en el relacionamiento con los expresidentes.
Voceros del entorno del presidente electo habían sugerido, según Infobae, que se evaluarían mecanismos legales para llevar a Petro ante la justicia de otros países donde también tendría procesos abiertos. Esa posibilidad, sin embargo, depende de decisiones autónomas de las fiscalías extranjeras y de la cooperación judicial internacional, no de la voluntad del nuevo gobierno colombiano.
Bolívar insistió en que un pedido de esa naturaleza, si llegara a materializarse, abriría un camino peligroso para la institucionalidad democrática. Subrayó que la historia de Colombia ha tenido episodios de uso político de la justicia, desde el siglo XIX, y que cada intento de usar los instrumentos del Estado contra adversarios políticos ha generado fracturas difíciles de cerrar.
Desde el lado del gobierno electo no se conocieron, hasta el momento de la publicación de la nota, reacciones formales a las declaraciones del exsenador. El silencio deja abierta la pregunta sobre si la propuesta fue una expresión personal de algunos miembros del equipo o si hace parte de una línea de gobierno que se oficializará en los próximos meses.
Lo que queda en discusión es el equilibrio entre el derecho de un gobierno a explorar todos los recursos legales a su alcance y la obligación de respetar los procedimientos judiciales. Cualquier movimiento en ese frente será observado con atención por la comunidad internacional, por los organismos de derechos humanos y por la propia Corte Suprema, que mantiene su independencia frente a los poderes políticos.
Por ahora, el cruce de declaraciones entre Bolívar y el círculo de De la Espriella deja planteado un primer pulso público del nuevo gobierno con figuras del petrismo. El tono y el contenido del debate anticipan que la relación entre el Palacio de Nariño y los seguidores del expresidente no será de fácil conciliación durante el cuatrienio que comienza.