El ex presidente Gustavo Petro aseguró públicamente que existía un plan en el que estaba involucrado alias Bendito Menor, un ex integrante de las FARC que hizo parte del proceso de desmovilización. Según la versión entregada por el exmandatario, ese plan se mantuvo al margen del actual presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de quien dijo que no tiene conocimiento sobre esos hechos.
La declaración se dio en un momento de alta sensibilidad política, cuando el país discute el estado real de los acuerdos de paz firmados en 2016 y la suerte de los excombatientes que no se acogieron plenamente al proceso. Petro no entregó detalles adicionales sobre el contenido del plan ni sobre los alcances que tuvo, lo que deja abiertas varias preguntas sobre su naturaleza y sus efectos.
Alias Bendito Menor fue uno de los nombres asociados a estructuras que durante años estuvieron en el radar de las Fuerzas Militares por su participación en acciones armadas en distintas regiones del país. Tras los acuerdos de La Habana, algunos de sus miembros quedaron en zonas de reincorporación, mientras que otros continuaron en actividades ilegales, una fractura que el Gobierno nacional ha intentado atender con políticas de seguridad y reincorporación.
El contraste con el actual Gobierno es directo. Mientras el proceso de paz fue una bandera del gobierno de Petro, la administración de Abelardo de la Espriella ha enfatizado en la necesidad de fortalecer la fuerza pública y de revisar los compromisos que, según sectores críticos, quedaron sin cumplimiento. Que el exmandatario señale que el presidente no sabe del plan puede interpretarse como una denuncia sobre la falta de continuidad o como una defensa de lo que se hizo en su cuatrienio.
En el Congreso y en sectores de opinión la reacción no se hizo esperar. Voceros del oficialismo pidieron que se aclaren los alcances de la confesión y que se determine si hubo omisiones o irregularidades durante el gobierno anterior. En la oposición, en cambio, aprovecharon para cuestionar la transparencia del proceso de paz y para pedir que se revisen los acuerdos con las extintas FARC.
Para la ciudadanía, el episodio revive una preocupación recurrente: la del cumplimiento real de lo pactado. Familias de zonas afectadas por la violencia esperan resultados concretos en materia de seguridad, verdad y reparación, y cada nueva declaración sobre el pasado reciente alimenta la percepción de que la información sobre lo ocurrido sigue siendo incompleta.
Hasta ahora el Gobierno de Abelardo de la Espriella no se ha pronunciado de manera oficial sobre las afirmaciones de Petro. Queda por verse si la Casa de Nariño responderá a través de un comunicado, una declaración del presidente o de su equipo de seguridad, o si dejará que el tema se discuta en los escenarios judiciales y políticos correspondientes.
En lo inmediato, la declaración deja varios interrogantes abiertos: qué contenía exactamente el plan con alias Bendito Menor, qué papel jugaron otros actores del Estado o de las extintas FARC, y si la mención al presidente Abelardo de la Espriella tendrá consecuencias políticas o judiciales en las próximas semanas.