El ex presidente Gustavo Petro salió al cruce del ministro de Hacienda del gobierno de Abelardo de la Espriella y calificó como una “estupidez de las estupideces” la propuesta de recortar 60 billones de pesos del presupuesto nacional. La declaración fue recogida por el medio Infobae, que reseñó los argumentos del ex mandatario contra el ajuste.
De acuerdo con la información publicada por Infobae, Petro rechazó el recorte por considerar que una reducción de esa magnitud dejaría al país sin fondos para sectores sensibles como la educación y la salud. En su lectura, el ajuste comprometería el financiamiento de programas sociales que dependen de transferencias de la Nación.
El ex presidente añadió un argumento de orden macroeconómico: sostuvo que un recorte de 60 billones profundizaría la contracción de la economía, en un contexto donde distintos indicadores venían mostrando señales de enfriamiento. Para Petro, reducir el gasto en esa proporción restaría demanda agregada en un momento delicado del ciclo.
La discusión se da en el marco de un debate más amplio sobre el tamaño del Estado y el equilibrio entre disciplina fiscal y gasto social. El Ministerio de Hacienda, como rector de la política económica, suele presentar propuestas de ajuste para cumplir metas de déficit y de deuda, mientras que desde el Congreso y distintos sectores se piden salvaguardas para la inversión social.
La reacción de Petro introduce un ingrediente político adicional, porque el ex presidente no ocupa hoy un cargo en el Ejecutivo de De la Espriella. Su voz, sin embargo, conserva peso en el Pacto Histórico y en sectores que defienden la primacía del gasto social sobre el ajuste. Por eso sus declaraciones suelen ser replicadas por gobernadores, alcaldes y líderes gremiales.
Para los ciudadanos, el punto central es qué partidas resultarían afectadas. Cuando se habla de recortes por 60 billones de pesos, el debate suele trasladarse a rubros como transferencias a la educación superior, recursos para el régimen subsidiado de salud, inversión en infraestructura regional y programas sociales del Departamento de Prosperidad Social.
En el plano institucional, la propuesta del Minhacienda deberá surtir un trámite ante el Congreso si se traduce en un proyecto de ley de presupuesto o en una modificación vía decreto. Las comisiones económicas y la oposición parlamentaria suelen citar el impacto fiscal de medidas similares a la hora de archivarlas o renegociarlas.
Analistas consultados en otras ocasiones por distintos medios han recordado que recortes de esa envergadura, superiores al 5 por ciento del presupuesto total, tienden a encontrar resistencia en las regiones más dependientes de transferencias. En ese escenario, el margen de negociación del gobierno con las bancadas y con los entes territoriales se estrecha.
Por ahora, el gobierno de Abelardo de la Espriella no ha respondido de manera pública a las declaraciones de Petro, según la información disponible en Infobae. Queda por verse si la cartera de Hacienda presenta una versión ajustada de la propuesta o si el Ejecutivo opta por abrir un canal de diálogo con los sectores que han expresado preocupación por el ajuste.
En lo inmediato, la controversia deja sobre la mesa una pregunta de fondo: cómo compatibilizar la sostenibilidad de las cuentas públicas con la protección de los rubros sociales. Esa tensión, que ya marcó los debates presupuestales de gobiernos anteriores, seguirá marcando la agenda económica del país en las próximas semanas.