El presidente Abelardo de la Espriella anunció una denuncia por traición a la patria que vuelve a poner en el centro del debate público los límites del diálogo con grupos armados y actores ilegales. La decisión llega en un momento de alta sensibilidad institucional, cuando el país evalúa los resultados de las estrategias de negociación de los últimos años.
La denuncia se conoce justo cuando Gustavo Petro cierra su paso por la Casa de Nariño. Según el medio Las2orillas, el saldo de su gobierno deja, entre otros temas, lo que califica como el fracaso de la política de 'Paz Total', la apuesta central de su administración para intentar cerrar el conflicto mediante conversaciones simultáneas con múltiples organizaciones armadas.
La 'Paz Total' fue concebida como una estrategia de diálogo amplio que incluyó leyes y decretos para habilitar mesas con grupos armados y estructuras criminales. En la práctica, las conversaciones avanzaron a ritmos distintos y varias de ellas se estancaron, mientras las organizaciones mantuvieron presencia territorial y actividades ilícitas en distintas regiones del país.
Para los ciudadanos, el trasfondo de esta denuncia toca un punto sensible: la frontera entre buscar la paz y renunciar a la capacidad del Estado para perseguir delitos graves. Esa frontera está definida en la Constitución y en los compromisos internacionales suscritos por Colombia, que condicionan los diálogos a ciertos marcos de legalidad y a la protección de los derechos de las víctimas.
Desde el lado del Gobierno saliente, la narrativa ha sido que la 'Paz Total' sentó bases para futuras conversaciones y que los logros deben medirse en un horizonte largo. Desde el lado del presidente De la Espriella, la denuncia plantea que hubo excesos que deben responder ante la justicia, en defensa del orden constitucional.
La discusión constitucional que se reabre tiene varios ejes. Primero, qué conductas pueden considerarse como traición a la patria en el marco de un proceso de paz. Segundo, hasta dónde llega la protección que la ley otorga a quienes participan en diálogos. Tercero, qué papel juegan las Fuerzas Armadas y la Fiscalía frente a hechos cometidos durante la vigencia de esas conversaciones.
La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han sido escenario recurrente de debates sobre los límites del diálogo, la legalidad de los acuerdos y los derechos de las víctimas. Cualquier denuncia de este tipo suele terminar en la justicia ordinaria, que es la encargada de evaluar si los hechos narrados encajan en los tipos penales vigentes.
En la práctica, la denuncia pone a la opinión pública frente a una pregunta concreta: si un gobierno firma acuerdos con grupos armados y esos acuerdos no se cumplen, ¿quién responde y bajo qué figura penal? La respuesta no es solo jurídica, también es política, porque define el tipo de Estado que los colombianos están dispuestos a sostener.
Por ahora, el caso queda en manos de las autoridades competentes y del debate público. Lo que sigue es conocer los detalles de la denuncia, los alcances de la petición y la posición de los organismos de control frente a un hecho que ya marcó la campaña y ahora marca el inicio de un nuevo gobierno.