El saliente presidente Gustavo Petro volvió a afirmar, a pocos días de dejar el cargo, que la elección que dio como ganador a Abelardo de la Espriella estuvo marcada por un fraude. La denuncia se apoya en un análisis estadístico del colectivo Testigos Digitales, que examinó 122.017 mesas de votación y los formularios E-14 publicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Según Infobae, el examen de los E-14 sería la base técnica de una demanda de nulidad electoral ya radicada ante el Consejo de Estado, máxima autoridad en litigios electorales del país. La demanda pide que se revise la validez del resultado y, eventualmente, que se decrete la nulidad de la elección.
Los formularios E-14 son las actas de escrutinio que diligencian los jurados de cada mesa el día de la votación y que registran los votos obtenidos por cada candidato. Su publicación por parte de la Registraduría permite a ciudadanos, partidos y veedurías cotejar los datos oficiales con los reportados por los testigos electorales en los puestos de votación.
El colectivo Testigos Digitales se ha presentado en procesos electorales recientes como una organización de veeduría ciudadana dedicada al análisis de datos electorales. En esta oportunidad, sus integrantes afirman que las inconsistencias halladas en los E-14 soportan la tesis de un fraude que habría alterado el resultado en favor de Abelardo de la Espriella.
La elección presidencial se realizó el pasado 31 de mayo de 2026, en la segunda vuelta, y la Registraduría proclamó como ganador a Abelardo de la Espriella. El artículo 198 de la Constitución y el Código Electoral colombiano fijan que cualquier ciudadano, candidato o partido puede pedir la nulidad del acto de elección ante el Consejo de Estado, que actúa como tribunal electoral en estos casos.
El Consejo de Estado tiene competencia para decretar la nulidad de los actos de elección cuando se demuestra que se desconocieron normas del Estatuto de la Oposición, los topes de financiación o cuando aparecen irregularidades graves en el conteo o en la voluntad del elector. El trámite suele tomar varios meses y, mientras se resuelve, la posesión del ganador puede mantenerse, según lo previsto por la jurisprudencia contencioso-administrativa.
La nueva denuncia se suma al debate que ya estaba abierto en redes sociales y en medios de comunicación desde el día de la elección, cuando sectores afines al saliente Gobierno cuestionaron los reportes del preconteo. Hasta ahora, la Registraduría no ha informado de irregularidades sistémicas y mantiene los resultados que dieron como ganador al candidato Abelardo de la Espriella.
En lo que resta hasta el 7 de agosto, fecha prevista para la transmisión de mando, la atención se concentra ahora en el Consejo de Estado. La Sección Quinta de esa corporación deberá decidir si admite la demanda, ordena pruebas adicionales y, en su caso, fija audiencia para escuchar a las partes antes de resolver de fondo.
Para la ciudadanía, el caso reabre el debate sobre la transparencia del sistema de conteo y la confiabilidad de los formularios E-14 como soporte del resultado. También pone en discusión los límites entre el derecho a la veeduría y la difusión de conclusiones antes de que la justicia electoral se pronuncie.
Por ahora, la posesión de Abelardo de la Espriella sigue en pie en el calendario oficial, y la controversia se trasladará a los estrados judiciales en las próximas semanas. Será el Consejo de Estado el que determine si las pruebas aportadas por Testigos Digitales y la demanda radicada tienen la entidad suficiente para modificar la decisión de las urnas.