Según Infobae, el gobierno de Gustavo Petro prohibió que la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia se lleve a cabo en una base militar. La instrucción limita los escenarios disponibles para la ceremonia de transmisión de mando prevista para el 7 de agosto de 2026.
La decisión se sustenta en un criterio constitucional. Según la misma fuente, el gobierno argumenta que el presidente electo no ejerce funciones ejecutivas hasta el momento de su juramento. Hasta esa fecha, el jefe de Estado en ejercicio sigue siendo Gustavo Petro y, por tanto, mantiene la competencia sobre el uso de instalaciones castrenses.
La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, salió en defensa de la determinación. En sus declaraciones recogidas por Infobae, insistió en que se deben respetar los límites de la Constitución y advirtió a los miembros de la fuerza pública sobre eventuales consecuencias si obedecen órdenes impartidas por el presidente electo antes de la posesión.
El traslado de la ceremonia a un escenario civil no es un hecho menor. Tradicionalmente, las posesiones presidenciales en Colombia se han realizado en la Plaza de Bolívar, escenario por defecto cuando el Congreso no dispone una sede distinta. Excepcionalmente, algunas ceremonias se han celebrado en recintos militares, lo que este gobierno ahora restringe.
La instrucción también tiene un efecto práctico sobre la logística. Los equipos de transición del presidente electo deben ahora ajustar el formato del acto, previsto como el cierre formal del proceso de empalme que comenzó tras la segunda vuelta. La comunicación oficial a la Organización de Protocolo y a la Casa Militar será clave para definir la hora y el lugar definitivos.
Desde el punto de vista institucional, la controversia se inscribe en una serie de tensiones entre el gobierno saliente y el equipo entrante. El Pacto Histórico, partido de Petro, ha sostenido que la separación de poderes debe preservarse hasta el último día. La postura tiene respaldo en la jurisprudencia constitucional sobre los actos preparatorios del nuevo gobierno.
Para la ciudadanía, el episodio tiene implicaciones sobre el protocolo de transmisión de mando y sobre el rol de la fuerza pública en el período de transición. La advertencia a los uniformados introduce un elemento de prudencia frente a eventuales instrucciones anticipadas del presidente electo, cuya observancia es de seguimiento obligado.
Lo que sigue en las próximas semanas es la confirmación oficial del lugar y la hora de la ceremonia, así como la respuesta del equipo de Abelardo de la Espriella sobre si insistirá en una base militar o aceptará un escenario civil. Cualquier pronunciamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz o del Consejo de Estado sobre decretos relacionados con la transición también queda pendiente.