El exmandatario Gustavo Petro planteó revivir su reforma tributaria como mecanismo para conseguir recursos orientados a la atención de los damnificados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. La declaración se produjo en un momento en el que el país aún cuantifica los efectos de la catástrofe y define cómo se financiará la reconstrucción.
Petro formuló la propuesta con una frase directa hacia el actual gobierno: "Si fuera racional el gobierno de Abelardo", según registró Infobae. Con esa expresión, el exmandatario sugirió que el Ejecutivo debería abrirse a discutir nuevamente el texto tributario que él había impulsado durante su administración y que no llegó a convertirse en ley.
La propuesta se conoce en medio de un debate abierto en el Congreso sobre las fuentes de financiación para la emergencia. Legisladores del Pacto Histórico, el mismo movimiento que lideró Petro, han venido planteando que el costo de la reconstrucción no puede recaer solo en reasignaciones presupuestales, y han pedido explorar figuras tributarias temporales o extraordinarias.
En paralelo, el gobierno de Abelardo de la Espriella evalúa mecanismos para responder a la catástrofe y, al mismo tiempo, fortalecer la transparencia en el gasto destinado a la emergencia. La preocupación por la trazabilidad de los recursos ha sido un punto reiterado tanto en medios como en organismos de control, que suelen vigilar el manejo de fondos públicos tras desastres naturales.
Colombia tiene antecedentes recientes en el uso de reformas tributarias para atender emergencias. Durante la pandemia, el gobierno de Iván Duque expidió la Ley 2277 de 2022, una reforma estructural que, entre otros fines, buscó financiar el gasto social y los programas de reactivación. Ese antecedente suele mencionarse cuando se debate la pertinencia de activar nuevos tributos en contextos de crisis.
Para los ciudadanos, la discusión tiene efectos prácticos. Un cambio en la estructura tributaria puede traducirse en modificaciones a las tarifas del impuesto de renta, a los gravámenes a los dividendos o a los impuestos al consumo. Sectores empresariales y hogares esperan claridad sobre si la nueva financiación implicará nuevos aportes o si se buscará reorientar partidas ya existentes.
La reacción política no se hizo esperar. Sectores cercanos al gobierno han cuestionado que se recurra a una reforma tributaria en plena emergencia, al considerar que el Estado ya cuenta con instrumentos como el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y con facultades de reasignación presupuestal. Otros actores han pedido que, antes de hablar de nuevos impuestos, se publique un balance detallado de los recursos ya ejecutados.
Organizaciones de la sociedad civil han recordado que, tras emergencias pasadas, la Contraloría y la Procuraduría han detectado irregularidades en contratos y sobrecostos. Por eso, el llamado a la transparencia en el gasto se ha convertido en un eje transversal del debate, al margen de cuál sea la fuente de los recursos.
Quedan varios puntos por definir. El Congreso deberá pronunciarse sobre la viabilidad política de reactivar una reforma de ese tipo. El gobierno deberá precisar si abrirá una mesa técnica con el Legislativo para discutir el tema. Y los organismos de control deberán mantener abierta la vigilancia sobre el uso de los fondos destinados a los damnificados. Mientras tanto, las comunidades afectadas esperan respuestas concretas sobre la reconstrucción y la continuidad de la ayuda humanitaria.