El ex presidente Gustavo Petro reaccionó este lunes a la propuesta del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que plantea el ingreso de la Policía a las universidades del país como herramienta para fortalecer la seguridad en los entornos académicos, según recogió Infobae.
La respuesta de Petro fue una de las más directas de los últimos días. Lo comparó con los dictadores Augusto Pinochet, en Chile, y Jorge Rafael Videla, en Argentina, dos figuras asociadas a violaciones de derechos humanos durante regímenes militares en el Cono Sur entre las décadas de 1970 y 1980.
De la Espriella es un abogado y dirigente conservador que aparece en los primeros lugares de las encuestas con miras a las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Su discurso se ha centrado en endurecer las políticas contra el crimen organizado y en replantear la presencia de las fuerzas de seguridad en espacios civiles.
La propuesta sobre la Policía en los campus se inscribe en un debate de vieja data en Colombia. Distintos gobiernos han discutido cómo enfrentar hechos de violencia, microtráfico y vandalismo dentro de las universidades, en muchos casos sin intervenciones de fondo que satisfagan a la comunidad educativa.
En Colombia existe la autonomía universitaria, consagrada en la Constitución de 1991 y desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esa autonomía limita la presencia de la fuerza pública dentro de los recintos sin consentimiento de las instancias directivas de cada institución.
La afirmación del ex presidente ocurre en un escenario de polarización preelectoral. Sectores cercanos a Petro han cuestionado las propuestas de seguridad de otros candidatos, mientras que los equipos de De la Espriella defienden su plan dentro del marco de la Constitución.
El cruce de declaraciones pone en la mesa un dilema de fondo: hasta dónde puede llegar el Estado para garantizar la seguridad en los espacios universitarios sin afectar derechos como la protesta, la libre expresión y la autonomía académica, garantías que el propio ordenamiento colombiano reconoce.
La campaña presidencial arrancó con el cruce de propuestas y respuestas entre los principales aspirantes. Quedan varias semanas de competencia electoral, en las que cada sector busca fijar su narrativa sobre la seguridad, la educación superior y el papel de la fuerza pública en la vida civil.