El exmandatario Gustavo Petro salió al cruce de las críticas que el presidente Abelardo de la Espriella formuló contra su administración. En su respuesta, mencionó el estado financiero de entidades como Colpensiones, la Dian y el Fondo Nacional del Ahorro, y volvió a referirse al Fepc.
Petro reiteró una de sus quejas recurrentes de los últimos meses: que su gobierno recibió una deuda cercana a los $80 billones con el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. Según dijo, ese pasivo habría condicionado el manejo fiscal de su administración desde el inicio.
El Fepc es un mecanismo creado para suavizar las variaciones de los precios internacionales de los combustibles frente a los precios internos en Colombia. Funciona con recursos del Presupuesto Nacional y, cuando los precios de referencia suben, acumula déficit que luego se paga con cargo al fisco.
El exmandatario no entregó en su pronunciamiento, según el reporte de Infobae, un desglose técnico de esa cifra ni la metodología con la que calculó los $80 billones. Tampoco presentó documentos públicos que respalden el monto exacto dentro del mismo extracto consultado.
Sobre Colpensiones, la Dian y el Fondo Nacional del Ahorro, Petro se limitó a sostener que dejó esas entidades en condiciones distintas a las que presentaban al comenzar su mandato. La fuente no detalla indicadores específicos, como tasa de recaudo, número de afiliados o resultados financieros.
El cruce de declaraciones se produce en un contexto de alta polarización entre el gobierno vigente y la oposición. Las críticas de un presidente al antecesor suelen reabrir el debate sobre la transición de mando, la auditoría de las entidades y el balance fiscal heredado.
Para los ciudadanos, el fondo de la discusión tiene efectos prácticos: el déficit del Fepc se cubre con recursos públicos, lo que incide en el espacio fiscal para inversión social, subsidios y funcionamiento del Estado. Cualquier reconocimiento o desconocimiento de esa deuda cambia la línea base con la que se discute el presupuesto nacional.
Queda pendiente que el Ministerio de Hacienda, la Contraloría o la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público entreguen cifras oficiales sobre el pasivo del Fepc al momento del empalme. Sin ese contraste documental, la cifra de $80 billones sigue siendo un dato político, no un dato técnico verificado.