La Jurisdicción Especial para la Paz quedó otra vez en el centro del debate público. Esta vez, el detonante fue una declaración del ministro de Justicia que Abelardo de la Espriella eligió para su gabinete. Según Infobae, el funcionario admitió que él y el presidente electo han sido críticos del tribunal transicional durante años, aunque aclaró que la idea no es desaparecerlo.
La respuesta llegó desde el lado de la administración saliente. Gustavo Petro salió en defensa de la JEP y sostuvo que esa jurisdicción debe ser fortalecida, no desmontada. La frase del actual jefe de Estado reabrió la discusión sobre el futuro de un organismo creado por el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Su mandato es investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado interno, tanto por exintegrantes de las FARC como por agentes del Estado. Desde su puesta en marcha, ha tramitado miles de casos y ha emitido decisiones sobre responsabilidad de comandantes guerrilleros y miembros de la fuerza pública.
El cruce de declaraciones deja ver dos posturas frente al mismo tribunal. Por un lado, Petro apuesta por consolidarlo y dotarlo de herramientas para avanzar en los procesos que tiene a su cargo. Por el otro, el próximo Gobierno reconoce distancia con el modelo actual, pero descarta una salida drástica. Esa diferencia de tono marca el inicio de una relación tensa entre la administración que llega y un organismo que tiene diez años de existencia prorrogables.
Para los ciudadanos, la JEP es relevante porque en sus salas se definen responsabilidades por hechos como massacres, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y violencia sexual. Las víctimas que se acogieron al sistema esperan que sus casos avancen y que las sanciones impuestas se cumplan. Cualquier cambio en la orientación del tribunal puede alterar los tiempos y el alcance de esas decisiones.
Las organizaciones de derechos humanos y los países que acompañan el proceso de paz, entre ellos Estados Unidos y varias naciones europeas, suelen vigilar de cerca cualquier señal de debilitamiento de la JEP. El reconocimiento del ministro sobre las críticas previas no cayó bien en esos sectores, pero la aclaración de que no se suprimirá permitió desactivar, al menos por ahora, una crisis mayor con la comunidad internacional.
En el plano político, la declaración de Petro cumple una función clara: dejar constancia pública de que el modelo de justicia transicional cuenta con un defensor en la Presidencia hasta el último día de su mandato. Esa posición queda archivada como antecedente para cuando arranque el gobierno de De la Espriella y empiecen las primeras decisiones sobre el presupuesto y la planta de personal de la jurisdicción.
Por ahora, el debate queda instalado. El próximo Gobierno tendrá que decidir si promueve reformas internas a la JEP, si respeta su autonomía o si impulsa ajustes legislativos. Cada camino abre un frente distinto con las víctimas, con los comparecientes y con los cooperantes internacionales que financian parte de las tareas del tribunal.