El presidente Gustavo Petro afirmó que los cuarteles militares y policiales permanecen bajo sus órdenes hasta el momento en que el nuevo presidente de la República jure el cargo, según reportó la revista Semana. La declaración se produce en el contexto del plan que impulsa Abelardo De La Espriella con miras al 7 de agosto, jornada en la que está prevista la transición de gobierno en Colombia.
En sus palabras, recogidas por Semana, el jefe de Estado sostuvo que ningún establecimiento militar debe servir para una posesión presidencial. La instrucción apunta de manera directa a impedir que recintos bajo mando de las Fuerzas Armadas sean utilizados como escenario o logística de la ceremonia de traspaso, lo que incluye tanto el evento central como cualquier actividad preparatoria.
La figura de la posesión presidencial es un acto solemne regulado por la Constitución y por la ley, en el que el presidente electo presta juramento ante el país. Por tradición, esos actos se han realizado en la Plaza de Bolívar, en el Capitolio Nacional o en escenarios alternativos cuando las circunstancias lo exigen, y cuentan con dispositivos de seguridad coordinados entre la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Casa Militar de la Presidencia.
El anuncio introduce un elemento de tensión con el equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, cuyos planes para el 7 de agosto incluyen, según la fuente, la utilización de espacios castrenses. Al ordenar que esas instalaciones no estén disponibles hasta la juramentación, la administración vigente deja en manos del nuevo gobierno la decisión sobre dónde y cómo se llevará a cabo la ceremonia, una vez se produzca el relevo.
Para los ciudadanos, la discusión tiene efectos prácticos en materia de seguridad, movilidad y acceso al centro de las ciudades donde suele concentrarse la posesión. Los planes de despliegue de la Policía, el Ejército y otras dependencias dependen de la coordinación entre la Casa Militar saliente y el equipo de transición entrante, por lo que cualquier cambio de escenario obliga a replantear dispositivos, aforos y cierres viales en un plazo corto.
Desde el punto de vista institucional, la orden presidencial pone en relieve el papel de la cadena de mando militar y policial en períodos de transición. La Fuerza Pública, por diseño constitucional, es obediente y no delibera, y sus instalaciones son bienes públicos destinados a la defensa y a la seguridad. Usarlas o no para actos civiles depende de decisiones del Gobierno Nacional, que en este caso ha sido categórico en excluirlas.
La declaración también deja sobre la mesa preguntas operativas que deberán resolverse en las próximas semanas: dónde se celebrará la posesión, quién asumirá la logística final, y cómo se articularán la seguridad presidencial saliente y entrante. Hasta tanto el nuevo presidente no jure, la administración actual conserva el mando sobre hombres, equipos y recintos, según lo reiterado por Petro ante Semana.
Reacciones desde el equipo de Abelardo De La Espriella no aparecen registradas en el extracto de Semana, por lo que el desarrollo inmediato de la jornada dependerá de los acuerdos que se logren entre el gobierno saliente y el entrante. El traspaso del 7 de agosto mantiene, en cualquier caso, su carácter de acto de Estado y de momento central de la vida institucional del país.