El expresidente Gustavo Petro se pronunció sobre la advertencia que el presidente Abelardo de la Espriella dirigió a los alcaldes del país, en la que les pidió no alinearse con grupos armados al margen de la ley. Según la fuente, Petro respondió con la frase “nunca se debe usar la fuerza sin la razón”, que se convirtió en el eje de su mensaje público.
De la Espriella había hecho un llamado directo a los mandatarios locales para que no cedieran ante presiones de estructuras criminales que operan en distintas regiones. La advertencia buscaba, según el contexto del pronunciamiento, que los alcaldes mantuvieran una línea clara frente a las organizaciones armadas ilegales que disputan el control territorial en zonas urbanas y rurales.
Petro, por su parte, defendió la gestión de su administración en materia de seguridad. En sus declaraciones recogidas por Infobae, aseguró que durante su gobierno hubo “acciones contundentes” contra los grupos armados. El expresidente buscó así contrastar la política de seguridad de su mandato con el tono de la advertencia presidencial actual.
El cruce de declaraciones pone sobre la mesa una discusión de fondo: los límites del uso de la fuerza por parte del Estado frente a los grupos armados. La frase de Petro introduce un principio clásico del derecho y de la doctrina militar, según el cual la fuerza solo se legitima cuando está respaldada por una causa justa y un marco legal claro. Esa tensión entre firmeza y proporcionalidad ha marcado buena parte del debate sobre seguridad en Colombia en las últimas décadas.
Para los mandatarios locales, el intercambio tiene consecuencias prácticas. Los alcaldes son la primera línea de atención a la ciudadanía en municipios donde la presencia de grupos armados es una realidad cotidiana. Cualquier señal desde el Ejecutivo, sea de advertencia o de autocrítica, suele ser leída en los territorios como un indicador del tipo de acompañamiento que pueden esperar de la fuerza pública y del gobierno nacional.
La declaración de Petro también ocurre en un contexto de transición política. El país pasó de un gobierno que hizo de la “paz total” una bandera a una administración que ha endurecido el discurso frente a las organizaciones criminales. En ese escenario, las palabras de un expresidente sobre lo que se hizo y lo que se dejó de hacer pesan en la opinión pública y en el Congreso, donde se debaten permanentemente las herramientas legales para enfrentar a esos grupos.
De la Espriella no había respondido, al cierre de la información divulgada, a la intervención de Petro. El intercambio queda abierto y deja planteadas preguntas sobre la coordinación entre el nivel nacional y los alcaldes, y sobre el papel que jugará el uso de la fuerza en la estrategia de seguridad del nuevo gobierno frente a las estructuras armadas que siguen activas en varias regiones del país.
Queda por verse si el cruce de declaraciones se traduce en una discusión pública más amplia, con participación de gobernadores, fuerzas militares y organismos de control. Por ahora, la diferencia entre ambos líderes quedó condensada en una frase: para De la Espriella el riesgo es la cercanía de los alcaldes con los grupos armados, y para Petro, el riesgo es usar la fuerza sin una razón que la respalde.