Según Pulzo, el ex presidente Gustavo Petro elevó una solicitud formal de derecho de réplica después de la alocución que el presidente Abelardo de la Espriella dirigió al país sobre el terremoto. La petición se da en medio de una polémica que involucra las cifras oficiales de víctimas manejadas por el Gobierno y por Medicina Legal.
El terremoto, que sacudió varias zonas de Colombia en las últimas semanas, se convirtió en uno de los episodios más sensibles del inicio del gobierno de De la Espriella. Ante la magnitud del siniestro, el Ejecutivo emitió una alocución para informar a la ciudadanía sobre las acciones desplegadas y el balance preliminar de daños.
El núcleo del conflicto está en las cifras de víctimas mortales. Mientras Medicina Legal reportó un número de fallecidos producto de sus procesos de identificación forense, el Gobierno nacional difundió un balance distinto, sin que ambas instituciones hayan logrado conciliar públicamente sus registros.
La discrepancia entre dos entidades oficiales genera un problema operativo y de comunicación. Medicina Legal trabaja caso por caso con protocolos de identificación, mientras que el consolidado del Gobierno suele integrar reportes de autoridades locales, hospitales y entidades de atención de desastres.
En ese contexto, el pedido de réplica de Petro lleva la discusión al terreno de la veracidad informativa. El ex presidente argumenta que lo dicho en la alocución presidencial afecta su nombre y exige un espacio oficial para dar su versión, un mecanismo contemplado en la legislación colombiana cuando una persona se considera lesionada por una información difundida por un medio o por el Estado.
El Gobierno, por su parte, defiende su balance y sostiene que las cifras entregadas en la alocución corresponden al reporte consolidado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y de las gobernaciones afectadas. Medicina Legal no ha detallado públicamente las razones técnicas de su conteo, aunque insiste en que sus cifras son el resultado de identificaciones plenamente verificadas.
Para las familias de las víctimas, la disparidad de números añade incertidumbre. Muchos esperan reconocimiento oficial de sus seres queridos, trámites de identificación y entregas dignas de cuerpos, procesos que dependen de la coordinación entre las dos entidades.
La solicitud de derecho de réplica de Petro será evaluada por las instancias competentes, que deberán determinar si procede y, en caso afirmativo, en qué condiciones se concede. Mientras tanto, la opinión pública observa una controversia que combina manejo de crisis, cifras oficiales y debate político en un momento de emergencia nacional.
Lo que queda en el corto plazo es una tarea pendiente de unificación de cifras entre Gobierno y Medicina Legal, un pronunciamiento formal sobre la procedencia de la réplica y el seguimiento de las zonas damnificadas por el sismo, donde las necesidades de atención y reconstrucción continúan.