Un abogado afirma que logró suspender, de forma temporal, los bombardeos ordenados por el Gobierno de Abelardo De La Espriella en zonas donde, según su versión, podría haber menores de edad. La información fue publicada por El Tiempo, que recogió las declaraciones del jurista sobre el alcance de la medida.
El abogado explicó que el reclutamiento de menores se disparó un 300 %, según los datos que él mismo maneja, y que esa fue la base de la solicitud elevada ante las instancias competentes. Aunque la fuente no precisa la metodología ni el periodo exacto de comparación, el dato es el eje central de su argumento para pedir la suspensión de las operaciones aéreas en esas áreas específicas.
En su intervención, el profesional sostuvo que lo que busca no es obstaculizar la labor de la Fuerza Pública, sino establecer protocolos que permitan diferenciar objetivos militares de la población civil. Pidió reglas claras para que, cuando exista información verificable sobre presencia de niños, las operaciones se ajusten antes de ejecutarse.
El contexto de fondo es la política de seguridad del presidente Abelardo De La Espriella, que ha incluido operaciones aéreas contra grupos armados ilegales en diferentes regiones del país. En zonas de conflicto, la presencia simultánea de combatientes y comunidades rurales ha sido una preocupación constante de organismos de derechos humanos y de organismos internacionales que vigilan la situación de la infancia en Colombia.
La protección de menores en el conflicto armado está regulada por el Derecho Internacional Humanitario y por la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumentos que obligan a los Estados a tomar todas las medidas posibles para evitar que los civiles, y en especial los niños, queden expuestos a los efectos de las hostilidades. En Colombia, además, el reclutamiento forzado de menores es un delito tipificado en el Código Penal.
La declaración del abogado se produce en un momento sensible para el Gobierno, que defiende su estrategia contra los grupos armados como una pieza central de su gestión. La suspensión, aunque sea temporal, abre un debate sobre el equilibrio entre la presión militar contra las organizaciones criminales y la obligación de proteger a la población más vulnerable.
El Tiempo recoge que el jurista entregó documentación a las autoridades y que su solicitud habría sido aceptada, al menos por ahora. No se conocen detalles del mecanismo legal utilizado ni por cuánto tiempo regiría la suspensión. La fuente tampoco precisa si la decisión fue judicial, administrativa.
Como reacciones, no se registran en el extracto otras voces oficiales del Gobierno sobre este caso puntual. Queda pendiente si el Ejecutivo se pronunciará públicamente sobre la suspensión, si el Congreso abordará el tema del reclutamiento infantil y si los protocolos pedidos por el abogado serán adoptados como política permanente. La discusión sobre cómo proteger a los niños en zonas de guerra, sin embargo, sigue abierta en Colombia.