Rosa María Pérez Toncel, hermana del cabecilla criminal conocido como 'Bendito Menor', rompió el silencio tras la muerte del hombre y dirigió una solicitud directa al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. En sus declaraciones, recogidas por Infobae, la mujer pidió que el reconocimiento del cuerpo se adelante en el departamento de La Guajira, donde, según ella, existen las condiciones forenses para realizar el trámite.
La petición se conoce en un contexto de alta expectativa en La Guajira, zona donde operaba 'Bendito Menor' y donde las autoridades han concentrado operativos contra estructuras armadas vinculadas al narcotráfico y a otras economías ilegales. La familia argumenta que el traslado del cuerpo a otra región del país resulta innecesario y costoso, y que la propia capacidad institucional local puede atender el procedimiento.
Pérez Toncel fue más allá y afirmó que, hasta el momento, ninguna entidad oficial les ha entregado información clara sobre las circunstancias de la muerte de su hermano. La mujer dijo literalmente "nadie nos dice", frase que refleja, según su relato, la falta de comunicación entre las autoridades y los familiares del cabecilla.
La solicitud llega al Ejecutivo en un momento sensible para el gobierno de Abelardo de la Espriella, que enfrenta el reto de dar respuestas oportunas a las familias afectadas por operativos de seguridad, incluso cuando los muertos son cabecillas de organizaciones criminales. El manejo de estos casos suele activar protocolos de transparencia y cadena de custodia sobre los cuerpos.
En Colombia, los cuerpos de personas fallecidas en procedimientos de la fuerza pública o en enfrentamientos armados deben pasar por Medicina Legal o por el organismo que haga sus veces, siguiendo los protocolos de identificación, necrodactilia y entrega digna. Cuando la familia lo solicita, el reconocimiento puede hacerse en la propia región si la infraestructura forense lo permite, lo cual sustenta la petición de Pérez Toncel.
La petición añade un componente humano a un episodio de seguridad que, hasta ahora, se había narrado en términos operativos. Los familiares de cabecillas muertos suelen permanecer en el anonimato informativo, y la decisión de hablar públicamente de esta hermana marca un intento de la familia por obtener respuestas institucionales directas desde la Presidencia.
En La Guajira, donde la presencia de grupos armados y la conflictividad social han sido una constante, casos como este reavivan el debate sobre la relación entre la fuerza pública, la justicia y las comunidades. Que una familiar de un cabecilla reclamé información al presidente sitúa la conversación en el terreno de los derechos de las víctimas, aunque aquí la víctima sea el círculo cercano de un actor armado.
Por ahora, la Casa de Nariño no se pronunció de forma pública sobre la solicitud. Queda pendiente si el gobierno de Abelardo de la Espriella responde directamente a la hermana, si ordena el traslado del cuerpo a La Guajira o si el caso se canaliza por los conductos regulares de la Fiscalía y Medicina Legal, como ocurre en los procesos posteriores a operativos contra cabecillas criminales.
El desenlace de esta petición servirá como termómetro informal del nivel de interlocución que el Ejecutivo está dispuesto a abrir con familias vinculadas a organizaciones armadas, un tema delicado tanto en materia de seguridad como de derechos humanos.