Según Infobae, el primer decreto del gobierno de Abelardo de la Espriella apunta directamente a Ecopetrol, la petrolera más grande del país. La orden sería convocar cuanto antes a la asamblea general de accionistas para reconfigurar la composición de la junta directiva.
El plan contempla la salida de tres integrantes de la junta que, de acuerdo con la fuente, están ligados al petrismo. Con su reemplazo, la nueva administración buscaría asegurar una mayoría propia en las decisiones de la empresa, que es la mayor compañía de Colombia por ingresos y una de las más relevantes en la región andina.
El decreto también incluiría la designación del sucesor de Ricardo Roa al frente de la presidencia de Ecopetrol. Roa había sido nombrado en la administración anterior, y su salida estaba prevista como parte del cambio de gobierno en las empresas estatales.
Ecopetrol es una sociedad de economía mixta en la que la Nación, a través del Ministerio de Hacienda, es el accionista mayoritario. Eso significa que las decisiones de la junta y del presidente de la compañía dependen, en la práctica, de la orientación del Ejecutivo nacional.
El cambio en la junta llega en un momento sensible para la compañía. En los últimos años Ecopetrol ha enfrentado caídas en sus utilidades, menores precios internacionales del crudo y una mayor carga tributaria. Cualquier modificación en su dirección ejecutiva suele interpretarse en el mercado como una señal sobre la política energética y fiscal del nuevo gobierno.
Para los ciudadanos, el efecto de estos movimientos no es directo en el precio de la gasolina, que depende en gran parte de los fondos de estabilización. Sin embargo, Ecopetrol concentra buena parte de la inversión pública en exploración, refinación y transición energética, y sus resultados pesan sobre las finanzas del Estado, que recibe dividendos y regalías de la operación.
La fuente no precisa los nombres de los tres miembros que saldrían ni quién sería el nuevo presidente de la compañía. Tampoco detalla la fecha en que se firmaría el decreto ni el cronograma de la asamblea de accionistas, que es el órgano facultado para tomar estas decisiones.
En la práctica, el decreto marca la primera señal concreta del nuevo gobierno sobre el manejo de las empresas estatales. Más allá del caso Ecopetrol, fija un precedente sobre cómo la administración de De la Espriella piensa intervenir en las juntas directivas de otras entidades donde la Nación tiene participación accionaria.
Quedan pendientes varios pasos. Falta la publicación oficial del decreto, la convocatoria formal a la asamblea de accionistas y la comunicación pública de los nombres propuestos. Hasta que esos actos se cumplan, los cambios anunciados por Infobae son una intención política y no una decisión ejecutada.