La más reciente declaración del presidente Abelardo de La Espriella sobre la Jurisdicción Especial para la Paz se produjo en un momento sensible: el regreso al país de Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, presidente del partido Comunes y antiguo jefe de las Farc. Londoño volvió tras permanecer varios días en España, donde participó en un encuentro político, según reportó Blu Radio.
El pronunciamiento del jefe de Estado se da en el marco de una controversia creciente sobre el funcionamiento de la JEP, el tribunal creado por el Acuerdo de Paz de 2016 para juzgar los delitos cometidos en el conflicto armado. La jurisdicción ha enfrentado cuestionamientos desde su conformación, tanto por la complejidad de los casos que asume como por las sanciones que imparte y los beneficios que otorga a comparecientes.
De La Espriella ha sido un crítico abierto de ese modelo de justicia transicional. Su propuesta de eliminar la JEP forma parte de un debate más amplio sobre el cumplimiento de lo pactado en La Habana y sobre las herramientas con las que el Estado colombiano debe sancionar los crímenes del conflicto. La jurisdicción, sin embargo, tiene rango constitucional y su modificación exige mayorías calificadas en el Congreso.
El regreso de Timochenko añade un ingrediente político adicional al debate. Como presidente del partido Comunes, surgido del proceso de desmovilización de las Farc, Londoño es una de las voces más visibles de la implementación del acuerdo. Su actividad internacional y su papel dentro de la organización política han sido objeto de seguimiento tanto por el gobierno como por los organismos de seguridad.
La fuente consultada por este observatorio, Blu Radio, tituló su informe con la pregunta sobre hasta dónde puede llegar el presidente con su intención de acabar la JEP. La consulta periodística refleja la incertidumbre jurídica que rodea cualquier intento de desmontar una institución que nació de un acuerdo firmado por el Estado colombiano y refrendado por la Corte Constitucional.
Para los ciudadanos, el debate tiene efectos prácticos. La JEP es la entidad competente para resolver la situación jurídica de miles de excombatientes, militares y terceros civiles involucrados en el conflicto. Cualquier cambio en su estructura o en sus competencias podría alterar la marcha de los procesos abiertos y la ejecución de las sanciones ya impuestas.
En el plano institucional, la propuesta del presidente pone a prueba la relación entre el Ejecutivo y el poder Legislativo. Adelantar una reforma de esa envergadura requiere consensos políticos que hoy, según los análisis más frecuentes, resultan difíciles de conseguir dada la fragmentación del Congreso y la diversidad de posiciones frente al acuerdo de paz.
Por ahora, la controversia queda instalada. El gobierno sostiene su intención de revisar la JEP, el partido Comubes y otros sectores vinculados al acuerdo defienden su continuidad, y la Corte Constitucional sigue siendo el árbitro de cualquier modificación. El regreso de Timochenko y el pronunciamiento presidencial marcan un nuevo capítulo de una discusión que lleva años abierta.
Queda por verse si la propuesta se concreta en un proyecto de ley, en una demanda ante las altas cortes o en una simple declaración política. Mientras tanto, los procesos que adelanta la JEP, incluidas las llamadas salas de reconocimiento y el tribunal para la paz, continúan su curso habitual.