Colombia cuenta con 1.405.628 servidores públicos registrados, según los datos de la Función Pública divulgados este lunes. Esa cifra corresponde al personal vinculado a las distintas ramas del poder y a los órganos de control del Estado colombiano.
De ese total, 957.359 funcionarios pertenecen a la Rama Ejecutiva, lo que equivale a más de la mitad de los servidores públicos del país. La Rama Ejecutiva concentra ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y entidades descentralizadas que prestan servicios a los ciudadanos.
El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que su gobierno trabaja en un recorte de la planta estatal. La declaración se enmarca en su agenda de reorganización administrativa, que ha sido una de las banderas de su discurso desde el inicio de su mandato.
La Rama Ejecutiva es la más extensa del Estado porque agrupa las entidades que ejecutan políticas públicas en sectores como salud, educación, infraestructura y defensa. Reducir esa planta implica revisar cargos, fusionar dependencias o suprimir entidades que, según el criterio gubernamental, cumplan funciones duplicadas.
Recortes de este tipo afectan de manera directa la nómina estatal, los contratos de prestación de servicios y la atención que reciben los usuarios en entidades como el Sisbén, la Registraduría, el Ministerio del Interior o la DIAN. Cualquier modificación debe pasar por el Congreso o por decretos con sustento legal.
El anuncio se conoce en un momento en que el país debate el tamaño del Estado y la eficiencia del gasto público. Sectores gremiales suelen pedir austeridad, mientras que sindicatos estatales advierten sobre el impacto en la estabilidad laboral de miles de familias.
Desde Función Pública se explicó que el reporte se construye con la información reportada por cada entidad y se actualiza periódicamente. El dato sirve como línea base para medir los cambios en la planta estatal durante el gobierno de De la Espriella.
Queda por conocer el cronograma, las entidades priorizadas y el mecanismo legal que se usará para ejecutar el recorte. El equipo económico del Gobierno deberá entregar cifras fiscales sobre el ahorro proyectado y el plan de reubicación para los funcionarios afectados.