El presidente Abelardo De la Espriella aseguró, en el marco de un consejo de seguridad realizado en Barranquilla, que su Administración trabajará para combatir el 'gota a gota', al que calificó como "una nueva forma de esclavitud". La declaración recoge el extracto publicado por El Heraldo.
El 'gota a gota' es un sistema de crédito informal que presta pequeñas sumas de dinero a corto plazo, generalmente con cobros diarios o semanales y tasas de interés muy superiores a las del mercado financiero formal. Ante la imposibilidad de pagar, los deudores quedan atrapados en un ciclo de deuda que los prestamistas suelen presionar con amenazas, intimidación o violencia.
Según los datos citados por el propio jefe de Estado en la reunión, esta forma de violencia financiera tiene como víctimas a al menos 12 millones de colombianos. De ese total, el 35% se concentra en la región Caribe, lo que explica que el anuncio se haya hecho desde Barranquilla, capital del Atlántico.
La magnitud de la cifra muestra que el fenómeno trasciende el ámbito económico y se ha convertido en un problema de orden público. Organizaciones civiles y académicas han advertido en los últimos años que el 'gota a gota' opera con estructuras similares a las de redes de prestamistas que utilizan la violencia para asegurar el cobro.
El consejo de seguridad es la instancia donde el Gobierno evalúa la situación de orden público con autoridades regionales, fuerzas militares y Policía. Que el tema se haya instalado en esa mesa indica que el Ejecutivo lo considera una prioridad dentro de su estrategia de seguridad.
Para los ciudadanos, el impacto es directo: familias enteras quedan sometidas a presiones constantes y, en muchos casos, pierden sus ingresos o bienes por el incumplimiento de pagos. Las comunidades más afectadas son las de menores ingresos, donde el acceso al crédito bancario formal es limitado.
La declaración presidencial no incluyó por ahora los detalles operativos del plan. Tampoco se anunciaron, en el extracto disponible, montos, plazos ni nombres de entidades encargadas de ejecutar la estrategia contra este tipo de prestamistas.
Lo que queda sobre la mesa es la necesidad de articular la oferta de crédito legal y la educación financiera con medidas de protección a las víctimas y persecución judicial a los responsables. El seguimiento a los anuncios hechos en Barranquilla será clave para medir el alcance de la promesa.
La fuente de esta información es El Heraldo, medio que cubrió el consejo de seguridad en el que el presidente hizo estas declaraciones.