El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el robo de combustibles en Colombia y aseguró que su administración enfrentará este fenómeno. La declaración se produjo en un contexto en el que el país arrastra históricas pérdidas por el hurto, transporte y comercialización ilícita de hidrocarburos, según recuerda la fuente Colombia.com.
El extracto entregado por el medio recoge la postura del jefe de Estado en términos directos: “Hay que perseguir al que perfora y a toda la cadena”. Con esa frase, el presidente apunta no solo a quienes ejecutan la extracción ilegal, sino también a los eslabones posteriores, que incluyen transportadores, almacenistas y distribuidores que se benefician del combustible sustraído.
El robo de combustibles, conocido también como “pérdidas negras” cuando se mezcla con hurtos en poliductos y refinerías, es un fenómeno que afecta a Colombia desde hace décadas. Ecopetrol, la empresa estatal de petróleo, ha reportado en distintos periodos millonarias afectaciones por esta práctica, que incluye la perforación ilícita de ductos, el contrabando de derivados y la adulteración de combustibles en estaciones de servicio.
La magnitud económica del delito tiene impacto directo en las finanzas públicas, pues los combustibles están sujetos a impuestos y contribuciones. Cuando se sustrae hidrocarburo sin control, se deja de percibir renta, IVA y otros gravámenes. También se resiente la operación de los sistemas de transporte por ductos, que deben detenerse ante cada perforación ilegal, afectando el abastecimiento en regiones enteras.
Más allá del bolsillo del Estado, el fenómeno golpea a los ciudadanos. Las comunidades cercanas a los puntos de extracción ilegal quedan expuestas a derrames, contaminación de fuentes de agua y riesgo de explosiones. También afecta a los usuarios de a pie, que en zonas apartadas terminan comprando gasolina o diésel de origen irregular, sin garantías de calidad ni de volumen.
La referencia a “toda la cadena” en la declaración presidencial sugiere una estrategia que iría más allá de capturar a los llamados “perforadores”. Incluye a los compradores, los transportadores en carrotanques alterados, los administradores de estaciones de servicio que mezclan producto lícito con ilícito, y a las estructuras financieras que lavan los recursos obtenidos.
La tarea enfrenta retos operativos considerables. La extensión de los poliductos colombianos, que cruzan zonas montañosas y regiones selváticas, dificulta la vigilancia permanente. A esto se suman las condiciones de orden público en algunas zonas, donde grupos armados han utilizado el robo de combustibles como fuente de financiamiento, lo que vincula el fenómeno con la seguridad nacional.
Según la fuente, el anuncio del presidente se da en el marco de su agenda de gobierno, que ha priorizado temas de seguridad y recuperación económica. Por ahora no se detallaron las medidas específicas, los recursos que se destinarán ni los plazos para ejecutarlas. La ciudadanía y los sectores productivos quedan a la espera de los instrumentos concretos que acompañen la declaración.
El seguimiento a este compromiso podrá medirse en indicadores verificables: reducción del volumen de crudo y derivados robados, número de capturados por la cadena judicial, procesos abiertos contra estaciones de servicio y recuperación de recursos para el Tesoro Público. Esos números, y no las declaraciones, mostrarán el avance real de la ofensiva anunciada.