El País publicó este domingo un reporte sobre el tono religioso que ha marcado el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella. El medio destaca que el presidente entrante incorporó la fe en sus discursos públicos y llamó a “poner a Dios en el centro de cada decisión”, una frase que se volvió emblema de sus primeras intervenciones oficiales.
El mismo reportaje señala que De la Espriella designó en cargos clave a políticos identificados con posturas ultrarreligiosas. Para el diario español, esa combinación entre retórica presidencial y elección de gabinete alimenta un debate que Colombia no vivía con esta intensidad desde hacía años.
En Colombia, el principio de laicidad está consagrado en la Constitución de 1991. El artículo 19 garantiza la libertad de cultos y establece que el Estado no adoptará religión oficial. Ese marco es el punto de referencia que invocan constitucionalistas y organizaciones civiles cuando se discute hasta dónde puede llegar la invocación religiosa de un gobernante.
La llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño ocurre tras una campaña en la que el componente espiritual fue explícito. Pastores y líderes religiosos tuvieron presencia en actos públicos y en medios, algo atípico para el acontecer político colombiano reciente. Esa dinámica se mantuvo en el arranque de la administración, según recoge El País.
El debate que describe el medio gira en torno a dos preguntas centrales. ¿Una cosa es que un presidente exprese su fe personal y otra es que la fe condicione políticas públicas? La respuesta a esa pregunta suele ser técnica: la Corte Constitucional ha diferenciado entre la esfera privada del funcionario y los actos del Estado, sin que esa frontera esté exenta de controversia.
Para los críticos recogidos por El País, el riesgo está en que las decisiones del Ejecutivo se lean como guiadas por un credo particular, lo que podría afectar la neutralidad del Estado frente a ciudadanos de otras creencias o no creyentes. Para los defensores, se trata apenas de la expresión legítima de convicciones personales de un gobernante elegido en las urnas.
El componente ultrarreligioso del gabinete añade otro flanco de discusión. Varios de los designados son conocidos por oponerse públicamente a temas como el aborto, el matrimonio igualitario o los derechos sexuales y reproductivos. Aunque esas posturas no los inhabitúan para un cargo, abren interrogantes sobre cómo se manejarán esos expedientes en la agenda legislativa y ejecutiva.
Colombia es un país mayoritariamente católico, con presencia creciente de iglesias cristianas no católicas y de otras confesiones. El censo de 2018 del DANE registró que más del 70 % de los colombianos se identifica como católico, y que las denominaciones cristianas no católicas venían creciendo con fuerza. Ese mapa religioso diverso es el contexto en el que se proyecta cualquier debate sobre laicidad.
En el plano institucional, el Congreso, la Corte Constitucional y los organismos de control son los llamados a fijar los límites cuando un mandato religioso cruza la línea de las competencias del Estado. Por ahora, el debate está en formación: académicos, líderes religiosos, columnistas y usuarios de redes opinan sobre lo que el nuevo gobierno dice y sobre lo que hace.
Queda por ver si las declaraciones se traducen en políticas concretas, como vetos legislativos, decretos con lenguaje confesional o alianzas con grupos religiosos en la ejecución de programas sociales. El País anticipa que la discusión apenas comienza y que marcará los primeros meses de la administración De la Espriella.
Fuente: El País, “Hay que poner a Dios en el centro de cada decisión”: la llegada de De la Espriella al poder desata un debate sobre la laicidad en Colombia.