Rodrigo Lara, anunciado como próximo ministro del Interior en el gabinete de Abelardo de la Espriella, afirmó que la transición hacia el nuevo gobierno ha permitido identificar lo que calificó como una “carrera por la adjudicación de contratos y mucha corrupción” al interior de la administración de Gustavo Petro. La declaración fue recogida en el espacio de diálogo entre la bancada del presidente electo y parte del equipo saliente.
El funcionario, quien se ha desempeñado en distintos cargos públicos y legislativos a lo largo de su trayectoria, sostuvo que el cuadro general observado en las últimas semanas “ha sido absolutamente grotesco”. Con esa expresión buscó dimensionar el volumen y la naturaleza de las denuncias e indicios que, según dijo, han llegado a la mesa de empalme y a los equipos técnicos del nuevo gobierno.
La afirmación se conoce en un momento sensible del calendario político. A menos de dos semanas de la posesión presidencial, los equipos de empalme trabajan en la revisión de contratos en ejecución, proyectos en curso y compromisos de gasto que quedan a cargo de la administración saliente. Esa revisión suele ser el primer foco de controversias entre gobierno que termina y gobierno que empieza.
El Ministerio del Interior es la cartera encargada de articular la relación del Ejecutivo con las regiones, los gobernadores, los alcaldes y los cuerpos legislativos. También tramita asuntos de orden público, derechos humanos, partidos políticos y atención a poblaciones vulnerables. Por eso, las declaraciones de quien será su titular tienen repercusiones directas sobre la manera como se leerá políticamente el cierre del gobierno Petro.
Lara no presentó en su intervención nombres propios, cifras concretas ni expedientes puntuales, según se desprende de sus palabras. Su señalamiento se apoyó en una valoración cualitativa de la información recibida durante la transición. Esa forma de plantear el asunto deja la carga de la prueba en las investigaciones que se abran posteriormente por parte de los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación.
La denuncia pública llega en un contexto en el que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía han tramitado durante el gobierno Petro varios expedientes por presuntas irregularidades en contratación pública, manejo de recursos y celebración de convenios. Buena parte de esos procesos siguen en curso y otros ya han producido decisiones de responsabilidad fiscal o disciplinaria, lo que da contexto a una afirmación como la del ministro designado.
En el terreno institucional, la consecuencia práctica más inmediata es la señal política que se envía a servidores públicos, contratistas y entidades territoriales. Quienes están terminando compromisos contractuales con el Estado saben que el equipo entrante llega con la expectativa de revisar minuciosamente cada expediente, lo que suele traducirse en una desaceleración preventiva de trámites y firmas de última hora.
En el frente ciudadano, la preocupación central gira en torno a los programas sociales y obras que dependen de contratos vigentes. Si esas revisiones se traducen en suspensiones, investigaciones o liquidaciones anticipadas, los efectos los sienten los beneficiarios de proyectos en salud, educación, infraestructura y atención a comunidades vulnerables, que son los eslabones finales de la cadena de contratación.
Desde la orilla del gobierno saliente, este tipo de declaraciones suele responderse con acusaciones de persecución política y advertencias sobre una “transición hostil”. No es la primera vez en Colombia que un gobierno entrante denuncia presuntas irregularidades de su antecesor ni que el gobierno saliente denuncia que se busca deslegitimar lo realizado. El ciclo forma parte habitual del relevo presidencial.
Quedan varias tareas pendientes. La primera es precisar a qué hechos, contratos o entidades se refiere el ministro designado. La segunda, decidir si esos señalamientos se formalizarán ante la Fiscalía o los organismos de control. Y la tercera, evaluar el impacto que esa línea discursiva tendrá en la cooperación entre el gobierno que sale y el que asume el poder el 7 de agosto.