El representante a la Cámara Hernán Cadavid cuestionó públicamente al secretario jurídico de la Presidencia por el rumbo que ha tomado el proyecto de ley de mérito, pieza clave del paquete de reformas que busca profesionalizar la función pública en Colombia. Según reportó CAMBIO Colombia, el congresista señaló presuntas inconsistencias en la formulación del texto que se discute en el Legislativo.
La ley de mérito es un instrumento normativo orientado a regular los concursos de ingreso y ascenso en las entidades del Estado, bajo criterios técnicos de idoneidad, transparencia y evaluación de competencias. Su objetivo central es reemplazar prácticas clientelares por mecanismos de selección basados en el mérito profesional, una bandera que distintos gobiernos han intentado materializar con resultados dispares.
La objeción de Cadavid se inscribe en una vieja disputa entre el Congreso y el Ejecutivo sobre quién fija los términos de los proyectos cuando estos atraviesan debates en comisiones y plenarias. Tanto la Secretaría Jurídica como el Departamento Administrativo de la Función Pública suelen jugar un papel decisivo en la redacción final de normas que tocan la estructura del empleo oficial.
Para los ciudadanos, la discusión no es solo técnica. El ingreso por mérito define quién atiende una ventanilla en una alcaldía, quién firma un comparendo, quién investiga un delito o quién decide sobre un trámite ambiental. Por eso cualquier modificación de fondo al esquema vigente genera interés en sindicatos, servidores de carrera y veedurías ciudadanas, que suelen pedir audiencias públicas antes de cada cambio regulatorio.
Desde el Gobierno nacional, la apuesta por profundizar el mérito se ha presentado como una forma de cerrar la puerta al clientelismo y abrirla a la meritocracia. Sectores cercanos al Ejecutivo argumentan que la ley vigente, que data de 2004, tiene vacíos que permiten discrecionalidad en los nombramientos en provisionalidad. La modificación en curso buscaría endurecer los filtros y exigir concursos abiertos incluso para ciertos cargos de libre nombramiento.
La crítica de Cadavid agrega un nuevo actor al debate: la oposición parlamentaria, que vigilará de cerca la redacción final para evitar lo que considera una sobrerregulación. El congresista ha sido una de las voces que en debates previos pidió audiencias con expertos independientes y representantes de los sindicatos del sector público.
Por ahora, el proyecto continúa su trámite legislativo y se espera que en las próximas semanas la comisión competente cite a audiencia pública para escuchar a académicos y agremiaciones. Lo que quede aprobado en primer debate será la base sobre la cual se discutan las modificaciones en plenaria y, eventualmente, se concilie el texto final entre Cámara y Senado.
El desenlace importa porque marcará la pauta para miles de servidores públicos que hoy ocupan cargos sin concurso. Si el proyecto se aprueba como está o con ajustes, el impacto en la planta de personal del Estado se sentirá en los próximos años, con cambios en los mecanismos de ascenso, capacitación y desvinculación. La discusión apenas comienza y promete extenderse durante todo el primer año de gestión.