El gobierno de Abelardo de la Espriella confirmó su intención de frenar la eutanasia de los hipopótamos que permanecen en el país desde la época de Pablo Escobar. La postura fue expresada por el ministro de Ambiente designado, según reportó Infobae, y abre un nuevo capítulo en un debate que venía dividiendo a las autoridades ambientales.
La decisión marca una ruptura con la línea que mantuvo la administración de Gustavo Petro, que había avanzado en un protocolo para sacrificar ejemplares de esta especie considerada invasora. Bajo esa estrategia, varios animales habían sido sacrificados en los últimos años como parte de los controles poblacionales avalados por el Ministerio de Ambiente y las corporaciones autónomas regionales.
Los hipopótamos llegaron a Colombia en los años ochenta, cuando Pablo Escobar los trajo de forma irregular para su hacienda en Antioquia. Tras la caída del capo, los animales quedaron sin control, se reprodujeron en libertad y formaron una población que crece de manera sostenida en distintas regiones del país, especialmente en el Magdalena Medio.
Expertos consultados por la fuente advirtieron sobre los riesgos que trae esta expansión. Los hipopótamos alteran los cuerpos de agua, compiten con fauna local, afectan la pesca y han registrado ataques a personas. Su tamaño y agresividad los convierten en uno de los casos más complejos de especies invasoras en América Latina.
Entre las alternativas que el Ministerio de Ambiente evalúa se encuentran la esterilización quirúrgica de los ejemplares, la reubicación en reservas fuera de Colombia y la contención territorial para reducir el contacto con comunidades. Organismos internacionales han advertido que la sola esterilización no detiene el crecimiento poblacional si no se combina con otras medidas.
Para los habitantes de municipios cercanos a los ríos y humedales donde se concentra la población de hipopótamos, el tema es sensible. Las comunidades han reportado daños en cultivos, accidentes en zonas ribereñas y limitaciones para acceder a fuentes de agua, lo que ha elevado la presión sobre las autoridades para dar respuestas concretas.
El nuevo gobierno enfrenta además la presión de cumplir compromisos asumidos con comunidades y con los propios expertos ambientales. Un eventual giro en la política de control exigiría reforzar la inversión en vigilancia, en planes de manejo y en estudios que midan el impacto real de los animales sobre los ecosistemas.
Queda por definirse en las próximas semanas el plan oficial que reemplazaría la eutanasia, los recursos disponibles y la articulación con las autoridades ambientales regionales. Infobae señaló que la postura del ministro ya genera expectativas entre los ciudadanos que viven en zonas afectadas y entre las organizaciones animalistas que defienden la vida de los ejemplares.